Por qué el Gobierno no resuelve la vacante dejada por Highton pero propone ampliar la Corte

Modificar la actual Corte Suprema es una de las cuestiones inevitables y pendientes que tiene la Argentina. Se trata de un debate que volvió a cobrar fuerza en el último par de años y que hoy sumará un nuevo capítulo cuando el oficialismo trate -y posiblemente apruebe- una ampliación que podría llegar a más de una decena de nuevos cortesanos.

Pero esta movida del Frente de Todos en el plano judicial no se tornaría absurda si el Gobierno nacional hubiera instrumentado los pasos previos a encarar un debate en serio de la ampliación del Máximo Tribunal. Ocurre que las deudas pendientes en la materia se fueron acumulando y la inacción frente a la actitud opositora de oponerse a todo condujeron al escenario actual en el que van casi tres años de gestión en los que la política no pudo cambiar la realidad.

Así las cosas, todo parece indicar que la ampliación de la Corte Suprema que se debatirá quedará sólo con la media sanción estancada en la Cámara de Diputados. Será una más junto con el la media sanción de la reforma judicial, de la reforma de la ley que rige el Ministerio Público y la del Consejo de la Magistratura.

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Mientras tanto, poco se ha hecho en el último par de años por terminar lo que, si se quiere, es el proceso que presenta mayor grado de avance: que el juez Daniel Rafecas se siente en el sillón de la Procuración General para terminar con el larguísimo interinato de Eduardo Casal como jefe de los fiscales y las fiscalas federales de acá a diciembre de 2023 suena, cuanto menos, utópico.

Su pliego ingresó al Senado a principios de 2020, antes de que se dicte la cuarentena por el coronavirus, y tuvo una mayoría de adhesiones. De ahí en más, el escenario se tornó complejo y perdió prioridad política: a los cuestionamientos opositores -devenidos posteriormente en apoyos en Diputados- se le sumó la propia interna entre el albertismo y el kirchnerismo más el condimento de la flexibilización de los números para que el Senado avale la designación planteada en el proyecto de reforma del Ministerio Público, esto último rechazado por el propio Rafecas.

Como resultado, Casal, que llegó de la mano del macrismo y tiene fuertes cuestionamientos por parte del oficialismo, está por llegar a los 5 años de interinato.

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Su último cruce con la Casa Rosada fue a fines de agosto cuando bancó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tras el pedido de condena a Cristina Kirchner y acusó al presidente Alberto Fernández de cometer una "injerencia indebida" por haber opinado sobre la Causa Vialidad. Fernández le respondió con una carta en la que, entre otras cosas, dijo que su opinión se produjo una vez terminados los alegatos fiscales y que "el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones".

Ampliar la Corte sin reemplazar a Highton

Por otra parte, ya en terreno de la Corte Suprema, el Gobierno se encontró a fines del año pasado con la renuncia de Elena Highton de Nolasco, cortesana que hasta ese momento estaba en su cargo a pesar de haber superado la edad para permanecer. Su salida dejó un Máximo Tribunal incompleto, de cuatro integrantes.

Hoy, desde las decisiones administrativas de mínima relevancia hasta los fallos de mayor impacto en la política solo necesitan los votos de tres cortesanos para avanzar. El ejemplo más cabal fue la elección de Horacio Rosatti como vicepresidente con su auto-voto y el de sus pares Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda sin necesidad de la presencia de Ricardo Lorenzetti.

Mientras tanto, el 1° de diciembre pasado venció el plazo máximo establecido por decreto para que el Gobierno dé el nombre del candidato o candidata a suceder a Highton. La decisión, que en términos institucionales le corresponde al Presidente, al día de hoy no fue tomada y sobre el caso sólo se especuló con una danza de nombres y la insistencia de algunos sectores por una candidata mujer.

La única explicación que ha sostenido el Gobierno ante la falta de avances en materia judicial se centra en los constantes rechazos que manifiesta en bloque la oposición y que no tardan en aparecer ante la más mínima propuesta oficialista. Pero si bien es cierto que el comportamiento de Juntos por el Cambio es un aporte más a entorpecer el avance de discusiones institucionales como la designación del procurador, la vacante de la Corte o su reforma, la construcción política del oficialismo no logró ir más allá de la batalla discursiva.

Reacciones e intereses

Con ese marco de situación, hoy los senadores y senadoras del oficialismo buscarán la aprobación del proyecto para aumentar la cantidad de miembros. El proyecto oficialista consta de 25 miembros y el principal argumento atrás de ese número es la intención de dotar de federalismo la máxima instancia judicial del país.

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Sin embargo, hay presentadas otras iniciativas con esquemas y conformaciones diferentes. La principal puja en el debate parlamentario que se dará desde las 14.30 horas será entre oficialismo y aliados, que pretenden modificar el dictamen mayoritario. Ahí está el canal para desbloquear la media sanción que pretenden los embanderados en el Frente de Todos.

En tanto, los términos de la discusión con la oposición no parecen haber cambiado. Juntos por el Cambio avisó ayer que no daría quórum en desacuerdo con tratar el proyecto al que enmarcaron dentro de "los intentos de ataques a la Justicia" atribuidos al Gobierno mientras "se alienta una agenda que nada tiene que ver con resolver la inflación, disminuir la pobreza, terminar con la inseguridad".

La réplica oficialista salió por televisión. Fue cuando anoche, el diputado nacional Leandro Santoro dijo en A Dos Voces (TN) que "hoy salió un comunicado de la oposición hablando de un ataque a la Justicia". Y se preguntó: "¿Ataque a la Justicia es presentar un proyecto para tratar una discusión importante como modificar la composición de la Corte Suprema en el Senado de la Nación o es tratar de meter jueces de la Corte por decreto como se hizo en la gestión anterior?".

Pero los grandes intereses detrás de la iniciativa no se limitan a la política. Es que hoy temprano se conoció un comunicado de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham). Ahí, la entidad que representa los intereses de grandes firmas norteamericanas manifestó "su preocupación ante la sola posibilidad de que esto se concrete" y que "nos parece excesivo tener tantos procesos de cambio en los 2 organismos centrales de la justicia argentina", en relación a la modificación del Consejo de la Magistratura que planteó el oficialismo y a la cual también se opusieron.

En ese contexto, las urgencias abundan, el debate está empantanado y oficialistas ni opositores ofrecen caminos superadores.