Comodoro Py intervendrá en dos denuncias que se presentaron el fin de semana en medio de las movilizaciones de apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El juez Daniel Rafecas y su colega María Eugenia Capuchetti quedaron sorteados en dos denuncias que apuntan al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por un lado y al gobernador Axel Kicillof y otros dirigentes del oficialismo, por otro.
La primera de las denuncias se presentó temprano el sábado 27 de agosto, por parte de los diputados del Frente de Todos Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. En declaraciones a los medios de comunicación anticipaban que el principal motivo de la denuncia era el presunto espionaje de la Policía de la Ciudad por medio de la filmación de las movilizaciones desde la calle.
Durante la tarde del sábado varios dirigentes dieron a conocer que hasta hubo efectivos policiales que subieron a balcones de vecinos de Recoleta parra tomar imágenes de la presencia de los militantes y vecinos que participaron de la marcha.
La denuncia que presentaron los diputados oficialistas fue sorteada este lunes por la Cámara Federal y quedó radicada en el Juzgado Federal N°5, a cargo de la jueza Capuchetti, la misma que tiene la causa por el préstamo que tomó el macrismo con el Fondo Monetario.
PERFIL accedió a la presentación que tiene como denunciados a Larreta, al ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro y al comisario que estuvo a cargo del vallado que apareció el sábado a la mañana en las inmediaciones de Juncal y Uruguay. Allí aparece el testimonio de cuatro personas que participaron de la movilización y reataron que la Policía "nos impidió el paso y no nos dejó ejercer nuestro derecho constitucional de circulación, de reunión ni expresarnos libremente".
"Por si ello no fuera poco, el personal nos amenazó refiriéndonos que 'hasta acá llegan', 'den la vuelta', porque 'si no de acá van toditos a comisaría'. (...) Luego comenzaron a filmarnos con distintos dispositivos móviles y cámaras, que tomaban nuestras imágenes sin autorización y motivo alguno", sostiene la presentación.
Como parte de la prueba adjuntaron tres imágenes en la que se ve a efectivos con cámaras de video en balcones y terrazas de edificios aledaños a la movilización. "El personal policial no tenía legitimación alguna para llevar a cabo filmaciones, amenazas, detenciones ni obstrucción alguna de nuestros derechos", sostuvo la presentación.
Y apuntó contra los denunciados: "Las conductas que desplegaron fueron arbitraras y contrarias a los derechos que tienen obligación de proteger".
La denuncia de la oposición
Por otra parte, el juez Daniel Rafecas quedó a cargo de una denuncia que hizo una veintena de dirigentes del PRO como su presidenta Patricia Bullrich y diputados del espacio como Héctor Baldassi, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, entre otros.
Entre los denunciados está el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, el piquetero Luis D'Elía y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.
La reacción de la vecina de Cristina Kirchner sobre la posible mudanza de la vicepresidenta
La presentación opositora es por los presuntos delitos de incitación a la violencia colectiva, asonada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El mismo espacio viene de una semana en la que promovió el juicio político contra el presidente Alberto Fernández, luego de declaraciones en la que este vinculó al fiscal Diego Luciani con el fallecido Alberto Nisman.
Ahora, con el sorteo de la Cámara Federal Comodoro Py tomó intervención respecto de las movilizaciones del sábado en defensa a la vicepresidenta. Se abre ahora un lapso en el que ambos jueces buscarán establecer si corresponde o no impulsar las denuncias y que finalmente se inicie una causa judicial.
Rechazan hábeas corpus
La movilización del sábado tuvo un tercer capítulo judicial. Fue cuando las legisladoras porteñas Lucía Cámpora, Victoria Montenegro, María Eugenia Bielli, Magdalena Tiesso y Berene Ianez presentaron un hábeas corpus colectivo para "garantizar la libertad de expresión, locomoción y manifestación" de quienes el sábado quisieron llegar hasta Juncal y Uruguay, domicilio de la vice, y no pudieron por el vallado.
"El hábeas corpus es preventivo y colectivo, sus protegidos fueron los manifestantes en función de los hechos represivos entre camiones hidrantes, gases lacrimógenos y vallados por parte de las fuerzas policiales y el cercenamiento tanto de la libertad ambulatoria como de manifestación que vimos desde el 22 de agosto a esta parte", dijo a PERFIL Natalia Salvo, abogada patrocinante de las legisladoras.
La presentación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°59 de la Ciudad de Buenos Aires, de turno el sábado.
El juez a cargo lo rechazó pero de todos modos ordenó investigar la posible comisión de delitos respecto de los efectivos policiales que filmaron la manifestación desde balcones y terrazas. En este caso, la Justicia busca saber si se violó la Ley Nacional de Inteligencia.
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