Proponen que represores no tengan defensa pública

La diputada kirchnerista e integrante del Consejo de la Magistratura Diana Conti presentó ante el Congreso un proyecto de ley que excluye de la defensa pública gratuita a los imputados de cometer delitos de lesa humanidad y de corrupción.

Según un comunicado remitido a la agencia de noticias DyN por su oficina de prensa, la iniciativa de Conti "tiene por finalidad excluir del servicio de la defensa penal pública gratuita a los imputados de delitos de lesa humanidad y de delitos cometidos en ejercicio de la función pública y a las personas que poseen recursos suficientes para solventar los costos de una abogado particular, quedando reducido el servicio a las personas pobres".

El proyecto explica que los delitos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos "afectan los valores esenciales de un Estado de Derecho democrático".

Además, fundamentó que "resulta contradictorio en el plano ético que las personas acusadas de haber cometido abusos en el ejercicio de su cargo público obtengan los beneficios de la defensa penal que brinda el Estado".

"Esto no significa que estos sujetos quedan sin defensa penal, ya que en el caso que no tengan recursos económicos suficientes, deberán ser defendidos por un abogado particular gratuitamente", aclara el proyecto.

La evaluación sobre quién está en condiciones de acceder a la defensa oficial y quién no quedará reservada al Defensor General de la Nación, quien deberá "determinar anualmente la situación económica del imputado para tener derecho a acceder a la defensa pública".

Fuente: DyN