Protestas en La Rioja: acusan a una intendenta radical de contratar empleados públicos y no pagar salarios
Después de una marcha contra el gobernador, manifestantes reclamaron que les paguen en sueldo en la sede la intendencia de La Rioja.
Incidentes en La Rioja |
Cedoc Perfil
En La Rioja acusan a la intendenta radical Inés Brizuela y Doria de contratar a mil empleados públicos en medio de la campaña electoral y no contar con los fondos suficientes para pagarles el salario.
Esto terminó con una protesta que encabezó el director de Asuntos Vecinales del municipio, Maximiliano Gutiérrez, que luego fue separado de su cargo. La protesta fue por los 2.500 empleados que reclaman cobrar un salario por el trabajo para el que fueron designados.
“Todo indica que, ante la fuerte derrota que Juntos por el Cambio sufrió en las PASO riojanas por más de 18 puntos de diferencia, Brizuela y Doria acudió a una medida proselitista para achicar la diferencia en las urnas”, sostienen en la gobernación de la provincia, a cargo de Ricardo Quintela.
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Señor Presidente @alferdez , señor Ministro @wadodecorrido , las fuerzas de seguridad provinciales de @QuintelaRicardo nos han dejado desamparados ante hechos graves de violencia. En este momento intentan tomar por la fuerza el palacio municipal. pic.twitter.com/y43bsNn31I
La intendenta busca responsabilizar al gobernador por esta problemática. El pasado 21 de octubre movilizó “a un grupo de trabajadores en vehículos oficiales de la comuna llevando un petitorio para que se haga cargo del pago de sueldos”, explicaron cerca de Quintela y detallaron: “Lo hicieron por la fuerza con violencia, insultos y cánticos, también entonados por la dirigente radical”.
Sin embargo, las protestas terminaron apuntando contra Brizuela y Doria en la intendencia de la Ciudad de La Rioja. Ella acusó al gobernador de organizar el reclamo y de no enviar a las fuerzas de seguridad.
Tras las acusaciones de la dirigente radical en la Gobernación plantearon que “es una decisión que corre por cuenta de la intendenta que ahora pretende que el gobierno provincial abone esos salarios, cosa que no corresponde”. “La gobernación cumple con la ley de coparticipación. Se busca es nacionalizar el conflicto como una jugada electoral”, explicaron.
