Un proyecto de ley de diciembre se conoció este martes 18 de febrero y generó un gran revuelo en el mundo político y en el periodismo. Es que cinco senadoras kirchneristas impulsaron una iniciativa que plantea dejar sin efecto la prisión preventiva, solo ante causas de corrupción, si los medios influyen en la percepción de inocencia de los acusados.
Rápidamente, desde Juntos por el Cambio y desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) salieron a rechazar y cuestionar el proyecto al que consideraron de "autoritario", que ayuda a la "impunidad" y que "busca deslegitimar al periodismo de investigación".
Según pudo saber PERFIL, desde el kirchnerismo se despegaron de la iniciativa: "Nadie dio el aval para este proyecto. Se mandaron solas". Las autoras de este polémico proyecto son cinco senadoras kirchneristas: María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Inés Pilatti Vergara.
Parece que la idea de la "Conadep del Periodismo" no murió
Por su lado, los abogados especialistas en la materia también se muestran contrarias a la iniciativa a la que califican de "inconstitucional" y de "censura indirecta".
"Estoy en contra. No puede utilizarse por dos motivos", inició el expresidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, en diálogo con PERFIL, y enumeró: "Si un periodista falsea información o se equivoca no puede ser utilizado por un procesado por otro delito como 'defensa'. Además pone a los famosos con una ventaja porque la prensa siempre habla de ellos y no del que se robó un salamín, es decir que el famoso tiene la ventaja de que el periodismo se ocupa de él".
Y siguió: "Podría terminar siendo una suerte de censura indirecta a la libertad de expresión que garantizan el art 14 de la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso, yo creo que sería inconstitucional".
En esa línea, consideró que no cree que ni siquiera sea tratado por la Cámara de Senadores. De todas maneras, comentó: "Igualmente creo que debería ser clarificada la responsabilidad y los límites de la prensa para no caer en abusos".
El texto señala, entre otros puntos, que "será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva" si se verificara "la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva, que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución".
Ante la consulta de si esta redacción también podría beneficiar a funcionarios macristas, señaló: "Sí. Es aplicable a cualquier persona. Venga de donde venga. Como toda ley".
Adepa rechazó el proyecto K que "busca deslegitimar al periodismo de investigación"
Por su lado, en diálogo con PERFIL, un juez federal también opinó sobre el tema y argumentó: "Ese proyecto es impracticable. Aunque lo aprobaran, no sirve para invalidar algo que está en el Código de Procedimiento Penal. El único antecedente es la anulación de la ley de obediencia debida y punto final. Es más una expresión política de un sector que otra cosa".
En el mismo sentido se expresó el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, que también habló de censura indirecta y de inconstitucionalidad del proyecto. "Fundamentalmente, el término utilizado de medios de comunicación masivos es un concepto que no tiene asidero en la realidad ya que hay múltiples emisoras. La tecnología devoró ese concepto", inició en diálogo con PERFIL.
"Es censura indirecta y afecta al periodismo de investigación", siguió el especialista ya que, para el periodista, "dar información u opinión sobre un caso judicial puede determinar la parcialidad de un juez. Es un condicionamiento de censura indirecta ya que se va a poder acusar a periodistas de ser cómplices o apoyar en las causas judiciales".
En cuanto a limitar la prisión preventiva, el abogado recordó que "en Argentina, a partir de diciembre, se implementó la reforma del Código Procesal Penal y ahora la prisión preventiva es la última medida, hay como nueve medidas anteriores. Ya está morigerada con el código actual".
"Además, viola la garantía del juez natural. Y también hay desigualdad de armas en el proceso porque no se puede apelar. El imputado puede hacer todas las presentaciones, pero la querella no, es insólito", continuó.
Y concluyó: "Es inconstitucional e inconvencional, viola viola la Constitución Nacional y también viola tratados de derechos humanos como el Pacto de San José de Costa Rica".
ED/MC
