Quebró Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez
Lo decidió una jueza del fuero comercial, que también dispuso la inhibición general de bienes de la compañía, que recibió contratos millonarios con el Estado.
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Cedoc
Otra mala noticia para Lázaro Báez: la Justicia comercial dispuso la quiebra de su empresa insignia, Austral Construcciones, investigada por los millonarios fondos que recibió del Estado Nacional durante el kirchnerismo, para construir obra pública vial que en muchas
"Déjese constancia que en virtud del decreto de quiebra Austral Construcciones S.A. ha quedado desapoderada de pleno derecho de los bienes que integran su patrimonio al día de la fecha, como así también de aquellos que adquiera hasta su rehabilitación; encontrándose tal patrimonio bajo la administración del síndico", señaló la jueza comercial María José Gigy Traynor en su fallo.
Austral Construcciones recibió 52 contratos por 46 mil millones de pesos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Por esas licitaciones se abrió una causa judicial, que investiga un presunto fraude al Estado Nacional, en la que ya fueron elevados a juicio el propio Báez, la expresidenta, su exministro de Planificación Federal Julio De Vido, y José López, exsecretario de Obras Públicas, entre otros.
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En su fallo, según informó la agencia Noticias Argentinas, Gigy Trainor instó además a la empresa y a los terceros a que "entreguen al síndico los bienes que tengan en su poder, al igual que los libros de comercio y demás documentación -que en su caso llevare- relacionada con su contabilidad, previniéndoles a los terceros la prohibición de hacer pagos a la fallida, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces".
La jueza dispuso además la "inhabilitación definitiva de la fallida en los y de sus administradores por el término de un año desde la fecha de decreto de quiebra, la cual cesará de pleno derecho el día 27 de junio de 2019".
La causa por la obra pública, en la que CFK está acusada como coautora de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta, se originó en 2016 por una denuncia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.
El fiscal Gerardo Pollicita afirmó que "se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos" durante los gobiernos kirchneristas.
Se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".
