La primera vez que tuvieron cerca a Cristina Fernández de Kirchner habían pasado casi nueve meses de la conformación formal del Tribunal a cargo del juicio por la obra pública. Aquella mañana del 2 de diciembre de 2019 faltaba una semana para que la principal acusada en ese proceso asumiera la vicepresidencia del país cuando la vieron caminar por el frente de su estrado hasta el banquillo de los acusados.
El juez Rodrigo Giménez Uriburu fue el encargado del saludo de rigor, acompañado por sus pares Jorge Gorini y Andrés Basso. Por aquellos días no se hablaba de virtualidad ni de procesos mixtos, todo pasaba por la Sala de Audiencias Amia del edificio de Comodoro Py.
"Doctora, buenos días. Le vamos a recibir indagatoria. Le recuerdo que tiene el derecho de negarse a declarar sin que ello implique una presunción en su contra", lanzó Giménez Uriburu mientras la ex presidenta se acomodaba en su estrado y exigía que le alcancen su agua porque la bronquitis le iba a complicar su exposición.
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Diez minutos después el juez y sus pares eran acusados de manera directa en la apertura de la indagatoria. "Ustedes son cultores de ese grupo de magistrados, de dirigentes políticos que desempeñan las más altas magistraturas que acomodan la cabeza al sombrero", les dijo tras señalarlos como ejecutores del proceso de lawfare en su contra.
Fueron poco más de tres horas y media en la que escucharon las primeras explicaciones de la vicepresidenta a la que deberán condenar o absolver entre fin de año y principios de 2023. Después de aquella primera indagatoria vendría un largo camino escuchando a los otros 12 imputados, haciéndoles preguntas a testigos y siguiendo los argumentos de la Unidad de Información Financiera (UIF) para absolver a los acusados y los nueve días de exposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que pidieron condenas.
Giménez Uriburu, el juez del "Liverpool"
Pero la descripta antes no fue la única vez que Giménez Uriburu fue señalado por la vicepresidenta. Este juez federal de 51 años nacido en la ciudad de Bahía Blanca vio el 7 de agosto pasado una foto suya publicada en el diario Página/12 con la camiseta del club Liverpool que luego fue replicada en Twitter por la presidenta del Senado.
Ese día se enteró que iba a ser recusado por Carlos Beraldi, por haber compartido un partido de fútbol en la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. "El Poder Judicial argentino apesta", cerraba el mensaje.
Integrante “de carrera” del Poder Judicial, Giménez Uriburu se recibió de abogado en julio de 1995 en la Universidad Católica Argentina (UCA). Después ingresó como relator en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 y sumó experiencia con el paso de los años en cargos como prosecretario administrativo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°9 y en el TOCF N°2 hasta convertirse en secretario.
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Hijo de Héctor Giménez Uriburu, oficial de Marina y ex funcionario del dictador Reynaldo Bignone, fue nombrado juez de Cámara a través de un decreto del Poder Ejecutivo publicado el 9 de septiembre de 2011. La firma de ese documento le corresponde a la entonces presidenta, acusada ahora en el juicio que conduce de haber liderado una asociación ilícita para cometer delitos.
Con su despacho en uno de los pisos altos de Comodoro Py, comparte lugar de trabajo con su pareja Josefina Hornos, secretaria del juez de primera instancia Marcelo Martínez de Giorgi. Así como en 2015 firmó junto a Gorini la resolución condenatoria de Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Sergio Cirigliano, Marcos Córdoba y el resto de los acusados por estrago culposo y administración fraudulenta en el marco del juicio por la tragedia de Once, en los próximos meses también estamparán su firma en lo que la vicepresidenta espera sea una condena.
Gorini, también nombrado por Cristina
Gorini tampoco se salvó de ser señalado en otras ocasiones por la vicepresidenta. De hecho, mientras los fiscales Luciani y Mola exponían sus alegatos también fue recusado por Beraldi. Le reprocharon dos reuniones con la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO Patricia Bullrich, una en 2017 y otra en 2018.
En la audiencia dejó que el abogado termine de hablar y decidió responderle de manera oral. El magistrado de 55 años le explicó que la primera de las reuniones fue para pedirle que le garantice la custodia policial que había pedido tiempo atrás por un hecho de inseguridad. La Policía Federal estaba en pleno traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y, dijo, no quería perder su resguardo.
La segunda, agregó, fue para pedirle que garantice que no se iban a filtrar fotos de los condenados por la tragedia de Once siendo detenidos, como había pasado semanas antes del cónclave cuando aparecieron fotos del ex vicepresidente Amado Boudou siendo detenido en pijama.
Junto con sus pares, este magistrado egresado de la Universidad del Salvador decidió rechazar formalmente la recusación y seguir adelante con el proceso.
Gorini, al igual que Giménez Uriburu y Basso también fue nombrado como juez federal de Cámara por un decreto firmado por Cristina Kirchner. En su caso fue en septiembre del 2011, después de haber debutado en la Justicia como auxiliar superior en el Juzgado de Instrucción N°27, de haber pasado por la secretaría del N°32 y de su lapso como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°36 y defensor oficial.
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Antes del juicio por la obra pública tuvo a su cargo otros procesos clave, como por ejemplo uno de Lesa Humanidad. De hecho, Gorini fue uno de los que firmó la condena a siete represores por 156 crímenes de la dictadura en el marco del juicio conocido como "Vesubio", por hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención homónimo.
Basso, la pieza que faltaba
Andrés Basso (51) había quedado como cuarto juez del Tribunal cuando la causa de la obra pública fue elevada a juicio. Sin embargo, tras una operación en pleno proceso de conformación del estrado, el juez titular Jorge Tassara murió y este pasó a reemplazarlo.
Oriundo de La Plata, estudió abogacía en la Universidad Nacional de esa ciudad y arrancó allí su carrera judicial. Fue escribiente en el Juzgado Federal N°1 de la capital bonaerense y en 2004 asumió como secretario del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora.
Basso es el menos conocido de los tres integrantes del Tribunal y el único que no fue objetado ni por Cristina Kirchner ni el resto de los acusados, más allá del primer señalamiento como parte del lawfare.
El juicio de la obra pública no es el primero en el que tiene entre los acusados a ex funcionarios kirchneristas. De hecho, Basso viene de firmar un fallo dividido en el caso Oil Combustibles donde se condenó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y se absolvió a Cristóbal López y Fabián De Souza, dueños del Grupo Indalo.
Junto a sus pares Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, en diciembre del 2021 concluyó en que el ex titular del fisco había sido responsable del delito de administración fraudulenta por supuesta financiación irregular al grupo empresario. Pero fue el único que se sumó a López y De Souza como responsables, mientras que los otros jueces optaron por la absolución.
Nombrado durante los últimos meses de la presidencia de Cristina, fue docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y si bien mantiene un perfil extremadamente bajo, tuvo un rol activo en una de las asociaciones de jueces. De hecho integra la opositora "lista bordó" que maneja la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
Los tres ahora escucharán a las defensas y luego se tomarán un cuarto intermedio para definir. Mientras tanto, cada vez que puede, Cristina insiste: “La condena ya está firmada”.
AR / MCP
