Cuando los ministros de la Corte Suprema todavía no habían logrado digerir el impacto mediático que tuvo la elección de Horacio Rosatti como nuevo presidente y la posterior carta de rechazo de Ricardo Lorenzetti, los supremos debieron reaccionar para mitigar los efectos de otro episodio. El lunes, un allanamiento ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti a la sede de la Obra Social del Poder Judicial sacó a la luz la existencia de una investigación en contra del director del organismo por supuesta malversación de fondos.
Esta vez, el cimbronazo fue directo hacia otro de los ministros de la Corte, Juan Carlos Maqueda, que había salido ileso de la polémica en torno a la elección del nuevo presidente ya que solo se había limitado a proponer a la fórmula Rosatti-Carlos Rosenkrantz, cuestionada por el autovoto para lograr la mayoría de tres.
La causa judicial que originó el allanamiento permaneció y permanece bajo siete llaves en Comodoro Py. El principal investigado es Aldo Javier Tonón, el director, que llegó a ese puesto hace más de una década de la mano de Maqueda, a quien le responde de manera directa y con quien mantienen un vínculo afectuoso.
Lo que se sabe es que el delegado de Maqueda para gestionar las prestaciones médicas de los judiciales está sospechado de desmanejos administrativos y de la presunta malversación de fondos. A su vez, la causa también busca dilucidar la supuesta existencia de un esquema de afiliaciones VIP por afuera de las prestaciones normales del común de personas afiliadas.
Jugada rápida y tensiones de lado. Sin dudas, el estallido de ese escándalo impactó en una Corte que ya venía de una semana agitada, y para evitar daños mayores los supremos sabían que era necesaria una jugada rápida. Es que más allá de las tensiones que puedan existir, ahora y siempre, la lógica de autoprotección no se pierde entre los ministros y la ministra.
Por eso, un día después del allanamiento, y en una especie de maniobra por cerrar el tema en los medios de comunicación, donde el tratamiento había sido escaso y sin mayores avances, los cortesanos se reunieron. Por unanimidad, dispusieron que la Secretaría General de la Administración pase a tener el control de la Obra Social con potestad de “supervisión de las funciones administrativas, de los servicios de cobertura médico asistencial y social, y del estado económico financiero de la institución”.
Tonón, el director de la obra social, es un hombre de Maqueda y sigue en su cargo
Existe una teoría que indica que toda crisis es oportunidad. En ese marco, una de las posibilidades es que la tensión post elecciones entre Lorenzetti y el resto de los cortesanos haya quedado saldada después de la reunión del martes y del cambio en el estatuto de la obra social. Eso gracias a la jugada de poner el organismo en manos de la Secretaría General de la Administración, controlada por un hombre que supo ser de las filas del rafaelino: Daniel Marchi. No obstante, otras fuentes cortesanas sostienen que Marchi tomó distancia de Lorenzetti y, para conservar su cargo, empezó a jugar en sintonía con el nuevo dúo de poder.
Y si bien se deslizó que la relación de Lorenzetti con el Secretario General de la Administración estaba desgastada, este jueves Marchi le dijo a PERFIL (a la salida de una visita que hizo a la obra social) que “mi relación es excelente con los cinco ministros de la Corte”.
Esa oportunidad sirvió también para neutralizar la crisis y salvaguardar a Maqueda, a pesar de que Tonón sigue como director. Mientras tanto, el hermetismo reina en Comodoro Py respecto del expediente.
La situación en la obra social
Desde hace varios años, los trabajadores y trabajadoras se quejan de la mala calidad de las prestaciones y del funcionamiento de la obra social. También hay reclamos para que los dejen ser parte de la conducción y sostienen que el acceso a Tonón ha sido casi nulo cuando han querido llevarle sus quejas. A todo eso se suman los supuestos desmanejos y malversación de los fondos por parte de Tonón.
“Vació la cobertura prestacional de los afiliados y afiliadas, impide la actividad sindical a los delegados y precarizó la planta con contratos basura”, es una de las quejas que surgieron desde el Frente Azul Bermellón de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). “Hasta que lxs trabajadorxs no integremos el Directorio, la Obra Social seguirá siendo la caja negra del Poder Judicial”, denuncian desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju).
Si bien Marchi evitó los juicios de valor respecto del cuestionado directivo y su gestión, dijo: “Nuestro trabajo en la Obra Social del Poder Judicial es intenso. Estamos haciendo todo un diagnóstico con el objetivo de agregar eficiencia a toda la institución”.
