El fiscal Raúl Plée requirió la nulidad de la absolución por prescripción de 14 funcionarios y particulares enjuiciados por las supuestas coimas del contrato IBM-ANSES, en 1994, uno de los casos emblemáticos de corrupción durante el gobierno menemista.
Fuentes judiciales informaron hoy que el fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal planteó a los camaristas que "se debe anular la sentencia" que los jueces del Tribunal Oral Federal 3 (TOF3) Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons, dictaron por considerar que la causa había prescripto.
En esta causa se investiga el contrato firmado en 1994 entre IBM-ANSES, por unos 60 millones de pesos/dólares, que supuestamente incluía 300 mil en sobornos para los funcionarios de la administración a cambio de que contrataran a la firma Management & Work, una presunta firma fantasma de la multinacional, según las fuentes.
El 22 de febrero de 2011 el TOF3 llevó al banquillo a los acusados Roberto Mateo Moschini, Octavio Rossi, Julio Juan José Leguiza y Arnaldo Cisilino, ex funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Y también al ex presidente de IBM Argentina, Gustavo Soriani, y sus compañeros Jorge Siri, Alberto Minazzoli, Eduardo D'Alessandro, Juan Carlos Martínez y Jorge de la Calle, además de los ejecutivos de empresas contratistas Juan Massholder, Miguel Joskowicz, Ramón Guzzo y Roberto Moschini.
Pero a la semana del comienzo de las audiencias, el TOF3 resolvió dictar la prescripción de la causa y decreto su archivo, tras 17 años desde la denuncia original y la instrucción del entonces juez federal Jorge Urso y el fiscal Carlos Cearras.
Ahora el fiscal Plée pidió a la Sala I de Casación, además de la anulación de la sentencia, que desarchive la causa y ordene la continuación de las acción penal, a la vez que advirtió que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia si su reclamo obtiene respuesta negativa.
El funcionario del Ministerio Público responsabilizó también a los jueces Gordo, Pons y Larrambebere por el tiempo transcurrido que habilitaría la prescripción ya que, argumentó, ellos recibieron la causa en marzo de 2008 y la tuvieron en estudio casi tres años.
Para Plée se "encuentra justificado el plazo" de tiempo que llevó la instrucción por la "gravedad del delito, defraudación en perjuicio de la administración pública, cohecho activo y pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".
El fiscal destacó la cantidad de imputados "integrantes de tres organismos vinculados, IBM, ANSES y Managment & Work S.A en connivencia, para lo cual se realizaron 36 indagatorias, más de 150 testimoniales, se practicaron dos peritajes contables y un peritaje informático" y a su vez "la dificultad en recabar la documentación de los diferentes organismos intervinientes".
También subrayó que las defensas interpusieron "45 apelaciones, 16 recursos de casación, 11 quejas ante ese tribunal, y cinco planteos "sin lograr asidero en ninguno de ellos". Plée opinó lo contrario del TOF3 e indicó que "se desprende con claridad la maniobra delictiva atribuida (...)consistente en la promesa de recibir una suma dineraria en contraprestación con eludir formalidades legales de contratación pública mediante licitación, provocando un perjuicio patrimonial en el acervo estatal".
"La experiencia demuestra que estos comportamientos se realizan en circunstancias ocultas y silenciosas y que generan una gran complejidad reconstructiva", añadió. La sentencia del TOF3 ya había sido apelada ante Casación por la fiscal del juicio, Sabrina Namer.
Este caso se asemeja con el contrato IBM-Banco Nación, llamado "Proyecto Centenario", también en 1994 que alcanzó 554 millones de dólares e incluía 37 millones en coimas, de los cuáles llegaron a pagarse 21 millones, para que la multinacional ganara la licitación para informatizar 525 sucursales del Banco Nación, informó la agencia DyN.
