En medio de las asambleas y movilizaciones anunciadas por los productores rurales, el diputado de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy presentó este lunes una denuncia penal en contra del presidente de la Nación Alberto Fernández por subir por decreto las retenciones del aceite y la harina de soja.
“Acabo de denunciar penalmente al presidente Alberto Fernández por su atropello a la Constitución Nacional", anunció el legislador opositor a través de una publicación en su cuenta de Twitter. "La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo", señaló.
"Soy Diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder”, concluyó el dirigente liberal en su mensaje, donde adjuntó el documento. En el escrito, el ex ministro de Defensa y de Economía cuestionó el funcionamiento del sistema político y se refirió a la reivindicación del estado de Derecho.
“La calidad de nuestra democracia, vapuleada desde hace algunos años por gobiernos que detentan un poder ilimitado, sin frenos ni contrapesos, debe comenzar a sanearse a partir de la reivindicación inexcusable de la vigencia del estado de derecho, del cumplimiento de la ley y de la Constitución Nacional", aseguró López Murphy.
En ese sentido, dijo que "al organizar nuestra República establece la división de poderes para impedir que la preponderancia del Poder Administrador desparrame sus tentáculos amenazando las facultades de otro de los poderes de estado, como es el Congreso de la Nación”.
Suba de retenciones y la respuesta del Campo
Con el fin de controlar los precios, el Gobierno publicó decretos que ponen en marcha el aumento de 31% a 33% de las retenciones de harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo, en el inicio de lo que el presidente Fernández llamó "la Guerra contra la Inflación".
Sobre esta medida, el diputado de Juntos por el Cambio manifestó: "El bien jurídico tutelado por la norma penal que se infringe es justamente el regular el funcionamiento de la administración pública y la legalidad de sus actos, intentando impedir el uso arbitrario o abusivo de la función pública".
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó el mes pasado una acción de amparo ante la justicia de Córdoba para que se dejen sin efecto las retenciones, por considerar que en este momento son ilegales. El objetivo es que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro del impuesto con posterioridad al 1 de enero de 2022.
FP cp
