“Convocamos a retirados de la fuerza policial Bonaerense para poder destinar al trabajo en la vía pública a quienes hoy están en tareas administrativas”, dijo Daniel Scioli. Nadie dudaría que el gobernador lanzó esta frase la semana pasada al decretar la emergencia de seguridad, sin embargo, la cita corresponde a agosto del año pasado y también podría ser de julio de 2010, ya que no es la primera vez que el mandatario pretende que los retirados vuelvan a cumplir funciones. Pero como en el pasado, la faena resulta ardua y en el Gobierno bonaerense reconocen que serán tres mil menos de los anunciados inicialmente.
A diferencia de las anteriores, Scioli buscó esta vez lograrlo con una convocatoria obligatoria. Serán cinco mil ex policías que recibirán la citación en su domicilio, de los cuales, a pesar de la exigencia y de los incentivos económicos, el gobierno ya reconoce que contarán con menos de la mitad. “Estamos en contra de las medidas autoritarias”, afirmó el secretario general del Sindicato de Policías de Buenos Aires (Sipoba), Nicolás Masi, en referencia a la citación.
El Gobierno bonaerense anunció que los retirados que se sumarán para reemplazar a los policías que ahora realizan custodias de puestos fijos en organismos provinciales y municipales, se les respetará la jubilación que cobran en la actualidad, y se les abonará $ 8.500 mensualmente durante los 12 meses que dura la emergencia decretada. Además se les ofrece un ascenso, ya que obtendrán la suba de un escalafón.
“La convocatoria no es bien recibida por la fuerza, la estamos tomando mal porque son medidas apuradas. Las desprolijidades que siguen haciendo hicieron que le llegue la citación a un compañero de 85 años. Nos hablan de plata porque tratan de comprar a la gente, pero ni siquiera están claras las condiciones laborales, si por tener dos sueldos se les va a descontar ganancias, y otras inconsistencias”, explicó Masi a este medio.
De las cinco mil citaciones que se anunciaron, esta semana el gobierno bonaerense envió mil, para tener un panorama claro de la respuesta que recibirán. “La necesidad real de personal es de dos mil”, alegan desde el área de seguridad una semana después de la convocatoria de más de cinco mil efectivos que hizo el ministro de Seguridad, Alejandro Granados.
El último sábado, en conferencia de prensa, Scioli anunció la emergencia durante doce meses. Ese día, se divulgaron 22 medidas, de las cuales algunas ya habían sido anunciadas –aunque nunca funcionaron–, y otras son de imposible concreción. La única medida que necesita la emergencia es la compra de mil patrulleros, chalecos antibalas y armas, sin previa licitación.
En el Gobierno bonaerense reconocen que la mayor parte de las medidas anunciadas no necesitaban la emergencia, pero se hizo para lograr un golpe de efecto en los medios de comunicación. Mostrar que Scioli se hacía cargo del problema. Las encuestas que esta semana se ocupó de distribuir el sciolismo buscan demostrar que el objetivo se logró. Después del anuncio, según el estudio encargado por la Provincia a Julio Aurelio, el mandatario subió 5% su imagen positiva (53,3%) y un 6% su intención de voto hacia 2015 (27,8% frente al 29,7% de Sergio Massa). La oposición tiene otra opinión. “Estas medidas de las que dispusieron al menos los últimos diez ministros de Seguridad no sirvieron para bajar los índices delictivos. En la etapa de Scioli, tanto Stornelli como Casal, y ahora Granados contaron con esta herramienta que les permite apartarse de las leyes de contrataciones para disponer de millonarios recursos, olvidándose de que la resolución de este problema tiene raíces multicausales. Pero nuevamente primó el marketing”, dijo el presidente de la Coalición Cívica bonaerense, Walter Martello.
