Ocho años después de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la causa que investiga el hecho ocurrido en 2015, un día antes que el funcionario se presente en el Congreso a dar explicaciones sobre su denuncia contra Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, acumula más incertidumbres que certezas.
A ocho años, el expediente judicial sigue abierto y con escasas novedades. Está radicado en el Juzgado Federal que encabeza Julián Ercolini y la investigación delegada en el fiscal Eduardo Taiano: todo trabajo en la pesquisa se realiza sobre la base de que la muerte del fiscal fue un homicidio que se produjo con la pistola Bersa calibre 22 que le había prestado el perito informático Diego Lagomarsino.
Una de las últimas novedades judiciales en el marco de esa causa data de fines de noviembre del 2022 y causó cierta sorpresa. Ocurrió que el ex agente de inteligencia Jaime Stiuso se presentó a declarar como testigo por tercera vez: fue bajo un estricto hermetismo y el contenido no trascendió porque quedó protegido por la ley de inteligencia.
Stiuso había pedido declarar por medio de una nota que si se conoció. Ahí decía que "luego de haber prestado declaración en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer".
La declaración de Stiuso solo fue una de las varias declaraciones de ex espías que hubo a lo largo de 2022 y que, según un artículo publicado por La Nacion en las últimas horas, motivó a los investigadores a establecer una nueva línea de investigación.
Es que de esas declaraciones habría surgido que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) llevaba adelante una operación de inteligencia en los días previos a la muerte de Nisman orientada a confirmar si un grupo iraní se encontraba realizando tareas de inteligencia en Argentina.
Las testimoniales de ex espías tenían como fin ahondar en un contexto sindicado como una "guerra de espías", que había detectado la Fiscalía a través de una importante cantidad de llamados entre teléfonos que respondían a un sector del organismo vinculado a Stiuso, y, por otro lado, al ex director de Reunión, Fernando Pocino.
PERFIL se comunicó con fuentes judiciales para profundizar pero no hubo una respuesta al cierre de esta nota.
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Muerte de Nisman: cómo está la causa
A ocho años del episodio que divide las aguas en la arena política y marcó a fuego la disputa entre el kirchnerismo y el macrismo, que sostienen las teorías del suicidio y el asesinato respectivamente, la causa aún no fue elevada a juicio. Quienes conocen el detalle del expediente dicen que es poco probable que eso suceda en el corto plazo si se mantiene el estado actual de las cosas.
La causa judicial tiene a cinco personas procesadas: Lagomarsino, considerado partícipe necesario; y Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz, los cuatro custodios del fallecido fiscal en la mira por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento.
Hace algunos meses la Corte Suprema intervino nuevamente en el caso al rechazar un pedido de Lagomarsino para que se convoque a declarar al perito José Luis Manzano, que intervino en un estudio que se le hizo a la pistola Bersa en Salta donde se detectó la liberación de partículas producto del disparo del arma.
Lagomarsino quería contrastar su testimonio con el resultado del informe de Gendarmería a partir del que la Justicia basó su postura del asesinato.
La causa se inició en la Justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires bajo la instrucción de la fiscal Viviana Fein y la jueza Fabiana Palmaghini. Pero después de varios meses pasó a la Justicia federal por un pedido de la querella que encabezaba la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Nisman, que en 2018 se retiró de la causa.
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La cronología del caso Nisman
Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento en el barrio porteño de Puerto Madero el domingo 18 de enero del 2015, luego de varias horas sin comunicarse con nadie. Cuando lo encontraron, estaba tirado en el piso rodeado de un manchón de sangre que en algunas zonas ya se había secado, y tenía un orificio de bala en la cabeza.
A su lado estaba la pistola Bersa calibre 22 que le había prestado su asesor informático.
En la primera etapa de la investigación se ordenaron algunas medidas de prueba y también se realizó un estudio por parte de una Junta Médica integrada por peritos del Cuerpo Médico Forense, de la Policía Federal, de la querella y de la defensa. El resultado determinó que no había indicadores que inclinaran la balanza en favor de la teoría del homicidio.
Cuando la causa pasó a Comodoro Py se ordenó la intervención de Gendarmería, que hizo una pericia que concluyó en que al menos dos personas habían participado de la muerte del fiscal. Desde el kirchnerismo llovieron las críticas porque supuestamente no se hizo bajo los protocolos correctos.
A pesar del paso del tiempo y la creencia oficial en la postura del asesinato, los supuestos involucrados no fueron identificados y atrás de ese dato están los funcionarios judiciales.
AS DS CP
