La fiscalización es uno de los ejes centrales de los discursos que viene pronunciando el presidente Mauricio Macri en cada una de las once ciudades que ya recorrió en la marcha del “Sí se puede”. En este contexto, el oficialismo armó un equipo especial, en el que participan tres ministerios y todas las fuerzas políticas que trabajan en Juntos por el Cambio, con el objetivo de alcanzar los 130 mil fiscales en todo el país.
El comando lo coordina el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, junto a funcionarios del Ministerio del Interior, de la cartera de Seguridad y de la jefatura de Gabinete. A ellos se suman mesas provinciales en las que se conjugan candidatos, referentes territoriales y voluntarios.
“Nunca vimos tanta gente queriendo ayudar. Hay gente que nos plantea desde el temor, otros que nunca participaron en política; es lo que vemos en las marchas también”, explican en el macrismo.
Un caso testigo: en Salta Capital, donde estuvo el Presidente con su marcha el jueves, aseguran que en las más de 1.200 mesas tendrán hasta tres fiscales. “Está pasando en todas las capitales de provincia”, aseguran las fuentes oficiales.
En los estudios que realizaron post PASO aparecieron provincias en rojo, donde hubo serios inconvenientes con la fiscalización. Uno de ellos es Santiago del Estero, pero también aparecieron Formosa, Tucumán, La Rioja y Catamarca, entre otras. “Son lugares donde el aparato político provincial es muy fuerte y genera miedo”, describen. “Hay lugares a los que es muy difícil llegar, escuelas alejadas en zonas rurales por ejemplo”, añaden en el oficialismo.
También hubo problemas en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, en especial en el sur del Conurbano. Allí, el diputado provincial César “Tuta” Torres y el senador provincial Walter Lanaro eran los encargados. El primero es un peronista experimentado de la primera sección electoral; al segundo le tocó la tercera sección y aún escucha algunos reproches. De todas formas, en el vidalismo son más realistas que en el primer piso de la Casa Rosada: “perdimos hasta en Baradero, qué importa cuántos fiscales teníamos, la gente nos votó en contra”.
En los cálculos que realizan en el oficialismo a nivel nacional aseguran que, producto de los problemas que se suscitaron con la fiscalización en las PASO, podrían recuperar entre dos y tres puntos (es decir, entre cuatro y seis frente al kirchnerismo). Si bien reconocen que es muy difícil de cuantificar, afirman que en el mapa de votos hay muchos casos de mesas de votación que tienen un promedio muy por debajo del general de esa escuela. Es prácticamente imposible dilucidar si hubo fraude o no en ellas, pero los datos muestran diferencias abismales entre una mesa y otra.
El fantasma del fraude fue agitado, después de las primarias, tanto por Elisa Carrió como por Miguel Pichetto. Fue avalado por el Presidente, a su manera: en cada intervención pide fiscalizar.
Además, como publicó Infobae, hubo 65 denuncias penales por haber encontrado 65 presidentes de mesa que, en rigor, eran infiltrados de la oposición. Por ello, la Cámara Electoral ratificó que afiliados no podrán presidir las mesas.
Los fondos para fiscales (entre $ 1.200 y $2.000 más viandas para cada uno) fue uno de los problemas: en varias provincias no llegó el dinero esperado. “Va a ser un tema de cada jurisdicción”, apuntan en Casa Rosada, y arriesgan que muchos voluntarios serán ad honorem. Los riesgos de haber descentralizado la recaudación de campaña.
