Se viene una batalla judicial que pondrá en jaque al Estado papá

"íLa-drón, la-drón, la-drón…!" A veces, cuando la metida de mano en el bolsillo es alevosa, la voz colectiva de la tribuna se concentra en un solo epíteto. Parece hasta ingenuo el calificativo, con el que miles de personas al unísono intentan condicionar la actuación de un referí, sin tirar ni una sola moneda hacia la cancha. Se paralizan y sólo les sale un grito de impotencia; en su indignación, hasta el barra brava se transforma en un pichoncito.

Lo que ha ocurrido con la decisión del Gobierno de estatizar los ahorros previsionales de quienes aportan al sistema de capitalización y con la pasividad social recuerda a esas instancias en una cancha de fútbol. El tema francamente excede a Cristina Fernández de Kirchner, hoy necesitada de oxígeno financiero para intentar sacar a su gobierno de una crisis con final abierto. El procedimiento resulta parte de un esquema recurrente que esquilma de modo serial a los ciudadanos y es una muestra más de que la larga mano del Estado sigue estando presente para cobrar cuanto penal se le dé la gana, en contra de la sociedad a la que dice defender, como cuando estatizó la deuda privada o como cuando prohijó la hiperinflación o infló el globo del hiperendeudamiento o como cuando defolteó o como cuando armó el corralito y el corralón, incautó los depósitos en dólares, impulsó la pesificación asimétrica o como cuando refinanció la deuda con una quita monumental a los ahorristas locales.

Militares, civiles, peronistas, gorilas, neoliberales, radicales, aliancistas o progres, con el nombre y apellido que se quiera recordar (u olvidar), todos han seguido el mismo camino, amparados en una sociedad que sólo atina a gritarle "la-drón" al Estado, pero que al partido siguiente vuelve a la cancha.

La semana pasada, cuando esta columna le puso cifra al manotazo que se le dará, vía Presupuesto 2009, a las cuentas del Banco Central y Nación (U$S 8 mil millones) para intentar "vivir con lo nuestro" de ahora en más, también se señaló que, probablemente porque abandonó sus funciones de contralor y equilibrador, nada menos que 64,3 por ciento de la población dijo estar dispuesta a avalar una mayor intervención del Estado, lo que no significa activismo paternalista, desde ya, pero se sabe que a la hora del péndulo los excesos no tienen límites. Seguramente, esa encuesta ha sido fundamental para que se tomara la decisión que se tomó. Los Kirchner no mueven un dedo sin ese tipo de datos y esta vez lo hicieron, tal como es su costumbre, con una explicación amañada sobre las bondades del Estado, que una vez más ha llegado -según la versión oficial- para "salvar" a todos los ignorantes que seguían en el sistema de capitalización, argumentos que algunos medios y sobre todo la televisión y ciertas radios siguen repitiendo como loros, por ignorancia o interés, mientras confunden al gran público diciéndoles que se trata de la estatización o el fin de las AFJP, las que mucho robaron y mucho timbearon y a quienes había que darles un correctivo, aprovechan para deslizar.
Nada más falaz que esa explicación, ya que lo que se estatiza -bueno es registrarlo, aunque sea para no quedar como un desprevenido- es la propiedad (de allí la palabra "expropiar" que usan los defensores del sistema) de 9 millones de cuentas individuales de futuros jubilados que estaban en las Administradoras, 3,6 millones de ellos de aportantes regulares, quienes son ahora mucho más pobres.

¿Por qué? Porque ese total que era, hasta fines de setiembre, de unos U$S 30 mil millones, en este momento se calcula que ha caído en su valuación a unos U$S 24 mil millones, ya que la acción conjunta del anuncio de la apropiación y la suspensión de operaciones de las AFJP por parte del juez Claudio Bonadío, lo han terminado de depreciar.

La acción del magistrado, ajena a la realidad de los mercados y tomada a instancias de un fiscal también desprevenido, sacó de la cancha a un jugador esencial, lo que dejó sin equilibrio a la corrida que se produjo contra bonos y acciones, hasta que los bancos oficiales la frenaron el jueves a última hora. Su evidente desconocimiento técnico, esta vez objetivamente funcional al Ejecutivo, impulsó a Bonadío a tomar una decisión que, en vez de ser favorable a los intereses de los aportantes, terminó perjudicándolos. Para colmo de males para su imagen, la casualidad quiso que el jueves pasado el Consejo de la Magistratura desestimase un juicio político contra él, por haber metido presos en 2003 a dos ex dirigentes montoneros. La cuestión del derecho de propiedad que consagra la Constitución Nacional, un tema con el que se supone los jueces están más familiarizados, será el punto central de las presentaciones que comenzarán a llegar a los Tribunales para pedir que se tutele el mismo, ya que el sistema de capitalización individual es diferente al de reparto, donde todos los aportes van a un pozo común. "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en Ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por Ley y previamente indemnizada", señala el artículo 17 sin tapujos, algo que el apurado proyecto enviado al Congreso por la Presidenta, que no deroga el sistema mixto que instauró la Ley 24.241, tampoco contempla.

Desde el estatismo, ya hay voces que dicen que lo que está en juego no son los derechos patrimoniales, sino los previsionales y que si hay daño ésto se podría demostrar recién a la hora que cada persona se jubile, por lo cual la definición se debería dar caso por caso y en el tiempo. No obstante, los defensores de los aportantes se propondrían demostrar que la propiedad de los fondos les ha sido otorgada por la actual Ley desde hace 14 años y que, por eso, las cuentas eran personales, a nombre de cada afiliado, para que cada uno supiera de cuánto dinero era dueño.

Otro punto que demostraría indubitablemente la propiedad de los ahorros previsionales es que la Ley en vigencia permite que los aportes efectuados puedan ser transmitidos por vía sucesoria a los herederos, si alguna persona falleciese. Además, el artículo 5 del proyecto del Ejecutivo dice que no se tocarán los fondos de quienes, como parte del sistema de capitalización, compraron una renta vitalicia que hoy pagan las aseguradoras de retiro, lo que implícitamente es un reconocimiento de que quienes eso hicieron, lo abordaron con dinero de su propiedad.

Además, el mismo proyecto también dice que las imposiciones voluntarias "podrán" ser transferidas a la ANSeS, lo que reconoce la propiedad del aportante sobre esa porción del ahorro, aunque nada señala en cuanto a qué pasará con los fondos si alguien -ejerciendo su derecho- no desea hacerlo. Por último, los abogados seguramente usarán el argumento de la opción jubilatoria que hace un año permitió una Ley aprobada por este mismo Congreso, a instancias del mismo Ejecutivo. Nadie le da la "opción" a alguien que no tenga un derecho adquirido sobre algo, se argumentará.

Por entonces, más de 70 por ciento de los afiliados a las AFJP, muchos de los cuales vieron morir a sus mayores con haberes de miseria y con la angustia del destrato del Estado, prefirieron aguantarse las eventuales arbitrariedades y los costos de las Administradoras, antes que sufrir las agachadas estatales hacia los pasivos, que se han repetido en la historia más o menos reciente, aún ante fallos judiciales convenientemente incumplidos y en nombre de las sucesivas crisis económicas.

La explicación de la Presidenta para enmarcar la enorme decisión política de volver hacia atrás en la cuestión jubilatoria, que tomó en momentos en que las cosas no van nada bien para su gobierno en materia de opinión pública, de manejo de las variables económicas (probable balanza comercial reducida por la recesión mundial y menor recaudación por retenciones) y de inserción en el mundo, pese a su gran contenido ideológico, no apeló a esas vertientes y ni siquiera al argumento del egoísmo y de la falta de solidaridad de los aportantes privados, sino al salvataje del rebaño descarriado, al que ella arreaba para protegerlo, debido a su falta de entendimiento.

La decisión tampoco supo medir el riesgo de cara a la relación con España y menos con respecto al efecto contagio hacia los países vecinos. En el caso español, la caída de las acciones y el temor a que la situación desemboque en estatizaciones en cascada, hizo que Julio De Vido en persona saliera a vender seguridad jurídica a las empresas de ese país y hasta se paró la expropiación de Aerolíneas Argentinas, vendida con bombos y platillos por otro sector del Gobierno. Tampoco ha estado muy feliz el titular de la ANSeS, Amado Boudou a la hora de darle letra a la Presidenta. Por ejemplo, la emprendió contra la contabilización a finish de muchos bonos, para decirle a los afiliados que en realidad tenían menos que lo que los resúmenes decían, ignorando que ésa era una instrucción de la Superintendencia de las AFJP, que ahora pasó a depender de él. A la propia Cristina le acaban hacer decir que las Administradoras "jugaron en los famosos mercados a futuros 3.742 millones de pesos", algo que el Reglamento de la ANSeS "prohíbe", para que los recursos de los jubilados y pensionados no puedan ser "timbeados en el mundo especulativo". En primer lugar, los técnicos han aclarado que 95% de esa cifra no son operaciones a futuro, sino cupones del PIB de bonos que emitió el propio Estado nacional. Segundo, que los cupones de deuda pública se contabilizaron así por instrucción de la Superintendencia y no de la ANSeS y, en todo caso, si la Presidenta quiso decir que este organismo no coloca los fondos que maneja en operaciones de incertidumbre también se equivocó, ya que hay colocaciones previsionales que superan los 6 mil millones de pesos, nada menos que en letras del Tesoro que no cesan de renovarse.

Tantos parches seguramente serán tratados de cerrar antes de que se discuta la ley en el Congreso para convencer a muchos opositores que comparten la teoría del "Estado papá", pero igualmente ha quedado la sensación de todo se hizo a tontas y a locas y de allí la avidez de mucha gente por comprar dólares, tras pensar "ahora me toca a mí". Tanta improvisación estaría mostrando que al Estado, esta vez, le ha faltado pasar por el Colegio de Arbitros, al menos para que, si le gritan "ladrón", se quede tranquilo con su conciencia de que conoce el Reglamento. Ni eso.