El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, analiza pedir el juicio político de tres jueces de la provincia de Buenos Aires debido a que liberaron a presos de delitos graves sin respetar la Ley de Víctimas en medio de la pandemia del coronavirus y la sobrepoblación carcelaria.
El líder del Frente Renovador ya había adelantado que iba a actuar contra "los jueces que no cumplan con la Ley de la Víctima". Según informaron Infobae y TN, el lunes pedirá el juicio político contra tres jueces bonaerenses que autorizaron la excarcelación de detenidos en los últimos días. Si bien no trascendieron datos de los magistrados, serían de San Isidro, Lomas de Zamora y Bahía Blanca.
Massa: "A los jueces que no cumplan con la Ley de la Víctima le iniciaremos juicio político"
"Las penas o las sanciones son para cumplirlas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos", había manifestado Massa antes del cacerolazo masivo y una situación que parece generar distintas posturas en el oficialismo.
"Algunos jueces están actuando de una manera absolutamente responsable. Hoy estoy sacando una instrucción para que en los casos donde los jueces no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”, adelantó Massa.
La situación sigue generando polémica sobre todo por algunos presos de delitos graves que obtuvieron la prisión domiciliaria con la excusa de la pandemia del coronavirus. El temor al contagio masivo en las cárceles argentinas, que están en condiciones de hacinamiento, provocó que se promueva la excarcelación de presos de delitos menores y con factores de riesgo, entre otros. Sin embargo, se registraron casos que generaron un fuerte repudio sobre en asociaciones de familiares de víctimas de delito.
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Los cuestionamientos se potenciaron luego del violento motín en el penal de Villa Devoto y la posterior negociación con las autoridades carcelarias. A partir de allí, en las prisiones, los reclusos comenzaron a demandar medidas sanitarias para evitar que se propague el virus en los penales, pero también excarcelaciones.
En este contexto, según trascendió a la prensa en los últimos días, centenares de presos, acusados incluso de robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad y/o venta de drogas, entre otros delitos, abandonaron cárceles en distintos lugares del país, en especial, en la provincia de Buenos Aires, lo que motivó el masivo cacerolazo registrado este jueves.
Según información oficial, hasta el 22 de abril 753 presos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y 320 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se beneficiaron con los arrestos domiciliarios. Sin embargo, se calcula que la cifra pudo haberse duplicado en esta última semana, ya que hasta el viernes pasado había 2.600 reclusos que presentaron hábeas corpus colectivos.
ED / DS
