Enfrentados en una guerra sin cuartel, el Gobierno y la Corte volvieron a chocar esta semana cuando el oficialismo presentó un proyecto para quitarle al tribunal el manejo del presupuesto del Poder Judicial, que supera los 4 mil millones de pesos anuales.
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a PERFIL que, si la iniciativa es aprobada por el Congreso, la Corte la revocará con una acordada, una suerte de sentencia definitiva, con el objetivo de retener las facultades sobre esos fondos.
Los diputados nacionales, Diana Conti y Carlos Kunkel, propusieron el jueves reglamentar el artículo 114 de la Constitución, que establece que debe ser el Consejo de la Magistratura -el organismo que nombra y destituye jueces-, y no la Corte, la que administre esos fondos.
Si los K avanzan con la iniciativa, los ministros de la Corte Suprema podrían actuar de oficio (sin amparos ni cautelares de por medio) porque se trata de algo que afecta facultades explícitas o implícitas del organismo.
La batalla entre el Gobierno y la Corte se desató por la Ley de Medios. En la Casa Rosada vieron la mano oculta de Ricardo Lorenzetti (presidente del tribunal) detrás de los fallos del fuero civil y comercial, donde la causa estuvo varada durante tres años. Siguió cuando el Ejecutivo quiso expropiar el predio de La Rural, y continua aún hoy con varios fallos que podrían ser adversos al oficialismo, como los reclamos por las jubilaciones.
“(El proyecto) Implica someter el poder judicial al designio del poder político con mayoría en la Magistratura”, explicó a PERFIL el consejero Daniel Ostropolsky, quien advirtió que fueron Kunkel y Conti los mismos que, en 2008, como consejeros, cedieron estas facultades a la Corte ante la imposibilidad de asumir ese rol.
Hay antecedentes sobre actuaciones de oficio de la Corte. Uno fue el de la acordada que dejó sin efecto la ley que obligaba a los jueces a pagar el impuesto a las ganancias, en 1996.
Sin embargo, para el kirchnerismo, el enfrentamiento se reduce a las ambiciones presidenciales de Lorenzetti, a quien ubica como un enemigo político.
“No me parece mal que Lorenzetti tenga aspiraciones presidenciales pero debería renunciar a su cargo”, le explicó a PERFIL Kunkel, y advirtió que “no está previsto durante este año la reforma de la Constitución, cuestión que deberán decidir los próximos legisladores”.
La propia Cristina Kirchner definió, ayer, que uno de los ejes de su campaña será cuestionar a la Corte, porque desarticuló la reforma judicial y porque maneja varias causas sensibles que involucran los intereses del Gobierno.
