Las primeras pistas sobre cómo Hugo Moyano y su esposa, Liliana Zulet, montaron un grupo de empresas para convertirse en proveedores millonarios de la obra social de Camioneros llegaron a oídos de periodistas de PERFIL a mediados de 2006. Entonces, el jefe de la CGT era aliado estratégico de Néstor Kirchner.
Pasaron siete años para que la Unidad de Información Financiera (UIF), que preside José Sbatella –otrora asesor económico del moyanismo– se enterara de lo que este diario viene revelando desde aquella primera nota. Moyano no fue original. Copió el esquema de otros tantos sindicalistas que lo pusieron en práctica en los 90 y lo siguen practicando: empresas que presten servicios clave para la obra social. En el caso del holding Moyano- Zulet: una gerenciadora de sanatorios y geríatricos, una constructora –que también construyó edificios y hoteles para el Sindicato de Camioneros–, una empresa de seguridad privada, un taller textil y hasta una carpintería metálica. Moyano contaba con otra ventaja: manejaba los fondos de las obras sociales y así se garantizaba que la suya tuviera lo suficiente para pagar a sus propias empresas.
Esta semana, se supo que la UIF elevó a la Procelac una serie de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de las empresas de Moyano por un total de 580 millones de pesos. Los primeros ROS son de marzo y julio de 2011, pero entonces Moyano todavía era un aliado.
La Procelac procesó los datos y elevó la denuncia a la Justicia Federal. Quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, quien investiga supuestas irregularidades en la obra social de Camioneros. El juez lo sabía desde fines de 2010, cuando Graciela Ocaña le presentó los balances que demostraban cómo los fondos de la obra social terminaban en los bolsillos del matrimonio empresario-sindical.
