En términos políticos, el caso generó una grieta entre la agrupación liderada por Máximo Kirchner y el secretario Carlos Zannini, hasta entonces el funcionario más influyente de la Casa Rosada.
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La contenida apreciación de “un disgusto innecesario” mostró, en realidad, el malestar que recorre a los miembros de la juventud kirchnerista, quienes habían llegado al Consejo con la consigna de mejorar la justicia y finalmente terminaron enfrentando, como primera misión, la incómoda misión de quitarle velocidad a las denuncias de la oposición contra Oyarbide.
De esa forma, el Consejo de la Magistratura mostró como un termómetro la temperatura que provocaron en el seno del kirchnerismo las declaraciones de Oyarbide, quien está siendo investigado por su colega Luis Rodríguez.
Con mayoría en la Comisión de Disciplina y Acusación, presidida por la senadora Aída Itúrrez, el oficialismo logró con cinco votos impulsar la notificación a Oyarbide de las acusaciones en su contra y se le otorgó un plazo de veinte días hábiles para contestar por escrito o no las acusaciones en su contra.
Fue la fórmula menos incómoda para el juez. Pero la investigación quedó abierta.
De no contestar, la causa puede seguir su curso con medidas de prueba y postergar el llamado a indagatoria al que también podrá o no asistir, aunque el proceso seguirá.
El reglamento prevé también sanciones a los jueces por desobediencia o mal desempeño y, la suma de éstas, podría ser causal de remoción.
El otro juez. Paralelamente, el bloque oficialista de la Magistratura evitó la prescripción de dos causas de las más de cuarenta que existen contra el juez federalClaudio Bonadío y lo llamó a indagatoria. La fecha de la declaración se definirá el próximo martes.
Desde hace más de veinte días, Bonadío tenía preparada la elevación a juicio contra el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por abuso de autoridad al imponer sanciones a consultoras económicas que informaban sus propios índices de precios e inflación, según fuentes judiciales.
El bloque liderado por Julián Alvarez desempolvó dos causas que estaban a punto de archivarse: una iniciada en el 2002, por la trasferencia del 90% del paquete accionario de la empresa Tandanor en el año 1990 al Consorcio Marítimos S.A. por un valor de US$ 59 millones, de los cuales se habrían pagado US$ 7 millones en efectivo y los US$ 52 millones restantes en cuotas con garantía de la Aseguradora del Litoral S.A.
