La pata empresaria de la supuesta maniobra para importar más de 40 mil kilos de efedrina y desviarlos al narcotráfico aún tiene un capítulo abierto. La jueza federal María Servini de Cubría procesó a tres funcionarios y a representantes de tres de las droguerías que habrían formado parte del presunto plan. Pero la magistrada no pudo decidir aún sobre una de las mayores importadoras de la sustancia utilizada para la elaboración de metanfetaminas: Droguería Libertad SA.
Esta empresa es investigada por ingresar al país 16.450 kilos de efedrina entre 2004 y 2008, y supuestamente desviar más del 92% al mercado negro (15.158,47 kilos). Se trata de una de las droguerías más importantes del mercado, y su dueño es Pablo Augusto Varas, un singular protagonista del caso narco que pega al Gobierno. Varas es un hombre formal, de trajes finos y modales caballerescos, respetado en el negocio, y sin embargo, para la Justicia su empresa encabezó una maniobra clara de supuesta complicidad con el narcotráfico.
La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, debe decidir si Servini puede o no seguir investigando a Varas. La defensa del empresario sostiene que Varas ya fue juzgado en el juzgado federal de Campana, entonces a cargo de Federico Magionatto Márquez. Allí Varas quedó procesado por haberle vendido 2.450 kilos de efedrina a Carlos Edelmiro González. Pero luego quedó sobreseído antes de que la causa llegara al juicio oral. Varas le vendía a González, y González le proveía a Mario Segovia, llamado el “rey de la efedrina”. El empresario presentó un recurso para que la Cámara decida si está siendo juzgado dos veces por el mismo delito. Pero en el juzgado sostienen que no sólo se analiza su vínculo con González, sino con otros cinco sospechosos de narcotráfico.
Conexiones. Otro grupo empresarial investigado por el supuesto desvío de efedrina al mercado ilegal es el de las droguerías FASA y Prefarm SA. Ellos también fueron importadores de esta sustancia preciada por los narcos mexicanos, pero además, Droguería Libertad les vendió unos 3 mil kilos. Estos empresarios son Alfredo Abraham, Josué Fuks, Guillermo Manfredi y Alberto Salvador “Negro” López. El viernes, el fiscal Diego Luciani pidió penas de entre 7 y 9 años de prisión en el juicio oral que se realiza en el Tribunal Oral Federal número 4 por tráfico ilegal.
En el fallo en el que procesó a los responsables de la Sedronar –el organismo anti-drogas–, la jueza detalló una “particularidad”: “En casi la totalidad de casos (en que Droguería Libertad solicitaba permiso para importar cargamentos de efedrina), se pueden asociar llamados telefónicos con las fechas en que se realizan los pedidos entre el secretario privado de (el titular de Sedronar, José) Granero, Miguel Zacarías, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”. La sospecha es que desde el Gobierno alguien pedía que se autorizaran esas importaciones.
Para Servini habría complicidad de estos funcionarios y los empresarios como Varas. Pero además, la jueza sospecha que esa connivencia no se termina en Granero y cree que llega más arriba en el poder político.
