La posibilidad de obtener las declaraciones de los arrepentidos del caso Odebrecht que involucran a los funcionarios argentinos en el pago de coimas quedó ayer en serias dificultades. Por primera vez, un juez federal a cargo de una de las causas del Lava Jato local rechazó el acuerdo propuesto por las autoridades brasileñas al considerar que las exigencias impuestas desde Brasil son “imposibles” de cumplir para la Argentina.
El magistrado Sebastián Ramos investiga al ex ministro Julio De Vido por el supuesto cobro de coimas en el caso Transener, que forma parte del Lava Jato en Brasil. El juez había solicitado a la Justicia brasileña los testimonios de los delatores que involucraron a De Vido y a otros argentinos en el caso (ver aparte). La respuesta de las autoridades brasileñas llegó con los testimonios y un escrito en el que los procuradores generales de Brasil piden al juez y al canciller argentinos firmar un acuerdo en el que se comprometan “en nombre del Estado” a “no utilizar los documentos adjuntos -es decir, las declaraciones de los arrepentidos- contra los colaboradores Fernando Antonio Falçao Soares y Paulo Roberto Costa en acciones penales, civiles o administrativas en su jurisdicción”. Esos arrepentidos firmaron un acuerdo similar al de Odebrecht con los fiscales del caso.
En su respuesta, Ramos dejó la puerta entreabierta y pidió renegociar las condiciones de entrega de la documentación.
Las condiciones de Brasil para poder usar las pruebas enviadas implica dos cosas: que el juez Ramos no podrá juzgar a los arrepentidos por los delitos que confesaron en Brasil y que, además, debe junto al Estado, garantizar que no habrá ningún avance contra ellos en el ámbito civil y administrativo. Lo primero, dijo ayer Ramos, será cumplido. De hecho, los tratados internacionales a los que subscribe la Argentina garantiza que una persona no puede ser juzgada por el mismo hecho en dos países.
La segunda condición, completó el juez, es “imposible” de cumplir de acuerdo a las leyes argentinas. Eso dejó caer el acuerdo propuesto por Brasil y sentó el precedente para el caso Odebrecht. Hay tres jueces que investigan a la constructora brasileña y aguardan los testimonios de los ejecutivos que apuntan a los funcionario argentinos que recibieron esos sobornos. Todos esperan recibir el mismo escrito de las autoridades brasileñas.
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La Cancillería apoyó la posición del juez Ramos. Cuando el magistrado le solicitó al organismo que analice la situación, la cartera respondió que “no es posible suscribir el compromiso, es factible que las autoridades brasileñas no puedan trasmitir los documentos y pruebas requeridas”. Ramos tiene una carta debajo de la manga con la que sus colegas no cuentan: consiguió parte de los testimonios de los arrepentidos por otra vía. Se los aportó el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas(PIA), quien los recibió de los fiscales del Lava Jato. Pero no es el caso de los jueces que investigan a Odebrecht, ya que los testimonios sobre Argentina continúan siendo secretos.“Estamos buscando las pruebas por nuestra cuenta”, aseguró uno de los jueces de las causas contra la constructora a PERFIL ante el escrito recibido por Ramos. Saben que las posibilidades de que Brasil envíe la información es escasa.
El juez Ramos rechazó el acuerdo a diez días de viajar a Washignton para intentar obtener pruebas para su causa. Allí estará junto a sus colegas Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas el 11 de julio, cuando sean recibidos por los investigadores del caso en ese país para intentar obtener las pruebas que Brasil sostiene que no puede envíar por su acuerdo con Odebrecht.
Stolbizer sostiene la posible canalización del pago de sobornos a funcionarios públicos por parte de la constructora a través de la transferencias simuladas dentro de la actividad del hotel, que en 2009 fue comprado por Osvaldo Sanfelice, presunto testaferro del ex matrimonio presidencial.
En el operativo, ordenado por el juez Sebastián Casanello, quien subroga a su par Daniel Rafecas, se secuestraron pen drives con información.
