El viernes fue una jornada marcada por una protesta gremial protagonizada por los trabajadores de la seguridad privada (Upsra) en la autopista Ricchieri, a tres kilómetros del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El corte duró cinco horas y generó problemas en el tránsito.
La medida de fuerza de Upsra, cuyo secretario general es Ángel García, comenzó a las 9 de la mañana de ayer, precisamente en el kilómetro 27 de la autopista Ricchieri, con decenas de trabajadores que con bombos, pancartas y pasacalles buscaron visibilizar la situación del personal de seguridad tercerizado por algunas aerolíneas como por Aeropuertos Argentina 2000, la firma que tiene a cargo la concesión de la terminal aeroportuaria.
Según voceros del sindicato, los reclamos principales pasaron por un aumento de salarios, pago de aguinaldo, vacaciones y pase a planta permanente de empleados. Además pidieron una reunión “conciliatoria” para terminar con el conflicto. La situación generó serias complicaciones para las personas que se trasladaron hacia el Aeropuerto de Ezeiza y tuvo que intervenir la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la seguridad vial, que se encargaron de encauzar a los vehículos a medida que se liberaban los carriles.
En declaraciones a radio La Red, Brian Fernández, trabajador de seguridad en el Aeropuerto de Ezeiza, detalló: “Pedimos que se regularice el tema de los aportes, hace dos años que no se pagan. Tenemos una paritaria del 17% que no se ha pagado, lo que influye en las horas extras, las vacaciones y los aguinaldos”.
Y apuntó que “hace siete meses que venimos canalizando este conflicto en el Ministerio de Trabajo”. “No se puede destrabar porque la empresa no tiene predisposición para pagarles lo adeudado a los trabajadores”, agregó.
En ese marco, el empleado denunció: “Somos aproximadamente 160 personas. A mucha de la gente que estaba por venir y que estuvo ayer bloqueando los accesos se le han mandado mensajes amenazándolos con que se van a quedar sin trabajo”.
Las fuerzas policiales, en este caso, no hicieron nada para evitar el corte, incluso cuando eran cortes intermitentes del único carril liberado. Algo diferente a lo que pasaba durante la gestión de Mauricio Macri, cuando a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se impidieron los cortes en arterias vitales para el tránsito, como la Autopista Ricchieri, a raíz de innumerables manifestaciones, como las que desencadenó el conflicto de los trabajadores de Cresta Roja a principios de 2016.
También hubo reclamos en la terminal de Buquebus
A lo largo del viernes, existieron inconvenientes en el ingreso de pasajeros a los barcos de Buquebus con destino a Uruguay por un bloqueo que realizó el sindicato de obreros marítimos (SOMU) liderado por Raúl Dardos. El gremio protestó por el pago de un bono y un incremento de haberes del 23% con retroactividad de tres meses.
Un referente del colectivo sindical lamentó la situación “a la que se llegó” y dijo que “la promesa previa a las elecciones del gremio era que se comenzaba a pagar, y ahora se niegan”. Y denunció operaciones divergentes entre barcos uruguayos y argentinos: “Están operando con dos barcos uruguayos y el argentino no sale, lo tienen amarrado. Al no salir, les pagan el mínimo de navegación, que es menos plata. Argumentan que el barco Francisco tiene una enfermería a bordo y se puede controlar el covid, pero en el otro buque también se puede hacer, pidiendo la vacunación y la temperatura”.
A su vez, solicitaron que existan barcos con tripulación mixta: “El barco va repleto, tiene los pasajes vendidos desde el año pasado, dicen que le están construyendo otro barco en Australia y va a remodelar un hotel, y no les paga a los marítimos argentinos”.
En caso de que no se alcance un entendimiento, el gremio está dispuesto a sumar al conflicto a la estratégica CATT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que lidera Sergio Sasia aunque, por el momento, la organización no se expresó sobre la problemática que atraviesa el SOMU. Por otro lado, no se descarta el avance de alguna medida de fuerza a nivel nacional que impida la circulación de mercaderías y combustibles.
