Ex miembros del Batallón 601, que administraban empresas fantasmas para el Ejército en plena democracia, realizaban operaciones para la venta de propiedades que pertenecían a la fuerza. Se trata de abogados, contadores y especialistas en inteligencia que se encargaban de las áreas contables durante la dictadura, algunos seguirían en actividad.
La causa es investigada por el juez federal Norberto Oyarbide. El ex jefe de Inteligencia Osvaldo Montero es uno de los imputados en el expediente, también podría ser llamado a prestar declaración el jefe del Ejército, general César Milani, que en el momento de la estafa por más de un millón de dólares era el número dos de Inteligencia de la fuerza.
El caso estalló a las 11.30 de la mañana del 22 de noviembre de 2007 cuando el entonces coronel Julio Arroyo Arzubi, que era jefe de la Agrupación Apoyo de Inteligencia, recibió al abogado Ariel Arrocha, apoderado de Panamerican Building Company. En ese momento el oficial se enteró que el edificio en el que se encontraba la unidad a su cargo había sido vendido a esa empresa.
Se trata de una extraña firma panameña inscripta en la Argentina cuatro días después de la compra de la propiedad. Lo primero que hizo Arroyo Arzubi fue comunicar la novedad, mediante el mensaje Nº 376 calificado como “reservado”, a Montero y a Milani.
Tres años después del hecho, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó disolver las sociedades Plantautar SA y Garabo SA. La primera empresa había sido creada durante la dictadura (1977) y era una de las tantas firmas fantasmas que había creado el Batallón de Inteligencia 601 para que sirviera de “tapadera” y para realizar millonarias operaciones financieras. La segunda fue creada en 1986 y tenía como objetivo societario el de prestar servicios inmobiliarios.
En la nómina de los que integraban ambas sociedades se encontraban: Luis Ricardo Barreyro, ex analista del 601, abogado y actual titular de Puente Hermanos; Ricardo Del Papa, ex analista del 601; Roberto Hernández, ex analista del 601 y abogado; Raúl Hernández Otaño, ex analista del 601 y empresario de la construcción; Víctor Meana, ex analista del 601; Ariel Iván Orellano, analista del 601, contador y presidente de la firma NEC SA (una consultora que se dedica desde la seguridad hasta la venta de instrumentos electrónicos de alta tecnología); Luis Bongianino y Roberto Buffalari, ambos ex auxiliares de la contaduría de la jefatura de Inteligencia. Todos ellos figuran en el listado del Personal Civil de Inteligencia (PCI) que trabajó durante la época de la dictadura y que en democracia seguían atados a las sociedades fantasmas del Ejército.
El listado se completa con Marcelo Cinto Courtaux, Alejandro Dalmeida, y el abogado Humberto Martínez, todos ellos son PCI, pero no figuran en los listados entregados por la fuerza a los organismos de derechos humanos.
Basualdo 482
El edificio adquirido por la compañía Panamerican Building Company se encuentra en Basualdo 482. Allí, durante la década de los 80 se instruía a los PCI del Ejército. En 1988 la firma Mejala SA, otra empresa fantasma de la fuerza, compró esa propiedad. En el directorio se encontraba Juan Carlos Coronel, un PCI que en la dictadura fue auxiliar de contaduría de la jefatura de Inteligencia. Según consta en el expediente que tiene Oyarbide, un ex PCI dijo que firmó la venta de la propiedad por orden del PCI Marcelo Cinto Courtaux, que actuaba supuestamente en nombre del jefe de Inteligencia Osvaldo Montero. Ariel Oscar Arrocha, el abogado apoderado de Panamerican Building Company, no es militar, pero es socio de tres empresas que brindan servicios de seguridad: Unisat SA, Data Control y Personal Sat SA. La venta se firmó ante el escribano Francisco Puiggari, casualmente el mismo notario que actuó en la conformación de Panamerican Building Company, con domicilio en Trenque Launquen.
