En 1994, los marinos Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías fueron a defender sus pliegos de ascenso al Senado de la Nación. El escándalo que se desató fue mayúsculo: se trataba de dos personas que habían integrado, junto a Alfredo Astiz, la patota de la ESMA que comandaba Jorge “el Tigre” Acosta durante la última dictadura militar. Pese a ello, Rolón y Pernías seguían en actividad y el Gobierno buscaba promoverlos. El impacto mediático hizo que, a pedido del entonces presidente Carlos Menem, la Armada retirara sus pliegos.
La mancha del menemismo la arrastra el kirchnerismo. César Milani no es el único militar que estuvo en actividad durante la dictadura: según información oficial, hay al menos 1.048 oficiales y 3.318 suboficiales de la Marina que siguen en actividad a pesar de haber estado en funciones durante los años de plomo.
Los datos surgen de un pedido que realizaron organismos de derechos humanos en el marco de la megacausa en la que se juzga a los militares que actuaron en el mayor centro clandestino de detención. La respuesta la brindó el Ministerio de Defensa cuando estaba en manos de Nilda Garré, hoy al frente de la representación en la OEA.
Los registros se acotan a la Marina porque las otras fuerzas no ofrecieron los datos. Es decir, puede haber más militares involucrados en la dictadura que sigan trabajando como si nada. Pero la estructura represiva no sólo está vigente en las fuerzas de seguridad nacionales. En la policía de la provincia de Buenos Aires hay más de nueve mil efectivos que prestaron servicios en la dictadura y siguen trabajando. Así se desprende de la causa por la desaparición forzada de Jorge Julio López. Cuando López desapareció, un fiscal de delitos de lesa humanidad descubrió que 14 de los policías que había señalado el albañil en su declaración en el juicio a Miguel Etchecolatz no sólo seguían en funciones, sino que eran vecinos de López.
Los datos contradicen a un modelo de gobierno que levanta las banderas de la lucha por los derechos humanos. Para la abogada Myriam Bregman, querellante en la causa ESMA, esto ocurre porque, desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el kirchnerismo ha decidido mantener el criterio para las condenas: sólo se juzga a las cadenas de mando y a aquellos represores que fueron identificados por las víctimas.
“La identificación por parte de las víctimas es minoría, porque a los detenidos ilegalmente los tenían aislados, con vendas en los ojos. Y salvo en casos excepcionales, como el de Astiz, que no tenía problemas en mostrarse y reconocer lo que hacía, el resto quedaron todos impunes”, graficó Bregman. Los registros indican que hay 370 condenas por genocidio, y de ese total, sólo 28 con sentencia firme.
