El paro del transporte urbano de pasajeros cumplió su séptimo día consecutivo y la medida de fuerza no solo que continúa sino que además tiene grandes posibilidades de extenderse por varias horas más. Ayer hubo una reunión que comenzó por la mañana temprano en el ministerio de Trabajo y se prolongó hasta las últimas horas de la tarde.
De la misma participaron el titular de la cartera laboral, Omar Sereno; el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Javier Bee Sellares; el subsecretario de Transporte, Julio Waisman; y doce delegados de las empresas. Desde allí, los trabajadores se trasladaron a la sede de la UTA y otro grupo lo hizo a las puntas de línea para transmitir lo dialogado a las bases y que de ahí, de esa asamblea, se tomara la decisión que se conoció minutos más tarde: el paro continuará por lo menos hasta mañana.
Además, se analiza también una movilización para este lunes impulsada por el titular del Surrbac, Mauricio Saillén, con el apoyo de otros gremios y agrupaciones.
El centro de la discusión está puesto en el 8% con el que insisten desde UTA Nacional y la reiteración del acuerdo firmado el viernes por la noche. Además, la propuesta de volver atrás con los despidos y dejar sin efecto las sanciones por las horas no trabajadas, no satisfizo a los chóferes que acusan de traición a la conducción gremial nacional.
De la expectativa a la desazón. El sábado había comenzado con la esperanza centrada en que se resolviera el conflicto. Las negociaciones y los actores que formaron parte de la misma estaban dispuestos a eso; e incluso algunos apostaban con romper el bloque de delegados para alcanzar una definición. De esto, sospechaban varios, entre ellos la trolebusera Erika Oliva que en horas de la tarde, y recién terminada la reunión en Trabajo manifestó a sus compañeras: “nos cag… me clavaron un puñal por la espalda”.
Sin embargo, el malestar no hizo mella entre los trabajadores y minutos más tarde se estaba ratificando la continuidad del paro en la sede de Vélez Sarsfield al 500. Los trabajadores rechazan el aumento, piden sumar con otros ítems un porcentaje que se acerque al 32 para enero de 2018 y sostienen que el bono extra y por única vez de $5.000 no es suficiente.
“No repercute en el básico y te lo ‘comés’ en un alquiler”, dijeron anoche a PERFIL CORDOBA delegados de Ersa. Y agregaron que “el conflicto es esencialmente salarial, por un lado; y gremial, por el otro, con el reclamo de que la conducción vuelva a ser cordobesa”.
Los movimientos de UTA Nacional, primero con el interventor Luis Arcando; y luego con el veedor, Jorge Kiener. A éste último lo acusan de haber firmado sin ningún tipo de facultad un acuerdo de ocho puntos en las últimas horas del viernes. Ahí, además del pedido de reincorporación por la ilegalidad de la medida en el marco de una conciliación obligatoria y el inicio de las tratativas para la normalización de la seccional, entre otros puntos; se sostiene el pago adelantado de $6180. El escrito tiene, además de la rúbrica de Kiener, la firma de Mario Fernández, un asesor del Ministerio de Trabajo de la Nación.
El rechazo radica entonces, además de la incapacidad del veedor de hacerlo cuando el gremio se encuentra “acéfalo” de acuerdo a lo que sostienen en Córdoba, en haber omitido el porcentual al básico que tiene Córdoba con respecto a la paritaria de UTA Nacional. Y sostienen, además, que puede venir una modificación en el convenio colectivo de trabajo.
En tanto, sobre los $6.180 que se adelantarían, los chóferes sostienen que es algo que ya tienen como conquista gremial y no lo ven como un triunfo en esta negociación. Y pretenden, que tanto esta suma como el bono de $5.000, sea incorporado al salario básico.
Acerca de este último monto, UTA Nacional pretende que sea un bono no remunerativo para todo el país, ante el temor de que la protesta se replique en otros distritos.
El panorama sigue incierto, el conflicto no encuentra solución y la dirigencia, tanto política como gremial, no se pone de acuerdo con 350 mil usuarios sin servicios.
