CIUDAD DE MÉXICO— México está en problemas. No del tipo que los gobiernos pueden manejar mediante ajustes de políticas, sino un malestar estructural más profundo que se agrava silenciosamente hasta que estalla una crisis. Dos recientes rebajas en la calificación crediticia por parte de Moody's y S&P han hecho evidente el problema para los mercados internacionales, pero sus causas siguen sin entenderse adecuadamente.
Las agencias de calificación citan el deterioro fiscal —el aumento de los déficits presupuestarios, la calamitosa situación financiera del gigante petrolero estatal Pemex y los abultados programas de transferencias— como la razón principal de la rebaja. No se equivocan. Pero este desequilibrio fiscal es el síntoma de una enfermedad más grave: un modelo de gobernanza receloso de los mercados, hostil hacia las instituciones independientes e incapaz de proporcionar la previsibilidad jurídica que requieren los inversores. La verdadera acusación contra el México de hoy no es fiscal. Es política.
A lo largo de los siete años que el partido Morena ha gobernado México —primero bajo el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora bajo la presidenta Claudia Sheinbaum—, el país ha registrado su peor crecimiento desde los 80, la "década perdida". El crecimiento del PIB real ha promediado menos del 1% anual. A medida que las cadenas de suministro se trasladaban fuera de China, el nearshoring debería haber generado ganancias históricas, pero, en cambio, ha tenido un rendimiento drásticamente inferior.
La promesa de que México se convertiría en el gran beneficiario de la desglobalización no se ha materializado. La oportunidad estaba allí, pero el entorno repelió al capital necesario para aprovecharla. Desmantelar las agencias reguladoras, cooptar el poder judicial y gobernar por decreto ejecutivo son una receta para el estancamiento, no para una economía competitiva y de alto crecimiento.
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Esto nos lleva al meollo del asunto: México ya no es una democracia. en ningún sentido significativo del término.
La evidencia es abrumadora. AMLO pasó sus seis años de mandato debilitando sistemáticamente a cada institución capaz de controlar el poder ejecutivo, desde la autoridad electoral y la Suprema Corte hasta los órganos reguladores autónomos y la prensa libre. Sheinbaum ha continuado y, en ciertos aspectos, acelerado ese proyecto. La reforma judicial de 2024, que introdujo la elección popular de jueces federales, fue el golpe decisivo. En lugar de democratizar los tribunales, la reforma politizó las cortes.; y en el México de hoy, un tribunal politizado es un tribunal de Morena.
Las consecuencias graves e inmediatas para el Estado de derecho se han hecho notar. Los inversores extranjeros, que se habían mostrado cautelosamente optimistas ante las primeras señales de Sheinbaum, se han alarmado. Sin tribunales independientes capaces de hacer cumplir los contratos y proteger los derechos de propiedad, no es posible un marco de inversión serio. Sheinbaum dice que quiere capital privado. Pero para ofrecer un sistema legal en el que los inversores confíen, necesita confrontar el legado ideológico de su partido, algo que parece no estar dispuesta a hacer.
De hecho, el gobierno de Sheinbaum ha dado otro paso hacia la consolidación del poder permanente. El Congreso aprobó recientemente una reforma constitucional que permitiría invalidar elecciones bajo el argumento de interferencia extranjera. En un sistema político donde el partido gobernante controla el poder judicial, la autoridad electoral y la legislatura, una ley de este tipo no es una salvaguarda para la soberanía. Es una herramienta para mantener el statu quo y un escudo contra el escrutinio externo.
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Considérese la gravedad de lo que vincula este escrutinio y narcotráfico. A finales de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo pública una acusación formal que señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de conspirar con la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia los Estados Unidos. La acusación alega que dicha facción aseguró la victoria de Rocha Moya en la contienda para la gobernación de 2021 mediante el robo de boletas electorales y el secuestro e intimidación de candidatos de la oposición.
Según los fiscales, Rocha Moya (un aliado cercano de AMLO) se reunió con los líderes del cártel durante su campaña y se comprometió a instalar a funcionarios afines al cártel en el gobierno de Sinaloa. La evidencia física incluye listas mensuales de sobornos escritas a mano incautadas en México, que detallan los nombres y cargos de los funcionarios a los que se les pagaba, así como los montos.
La respuesta de Sheinbaum a la solicitud de extradición fue elocuente: se negó a cumplir la solicitud., exigiendo "pruebas irrefutables" y señalando que, si no se proporcionan pruebas, queda claro que los cargos tuvieron una motivación política.
La acusación contra Rocha Moya no es un caso aislado. Refleja la realidad de que el crimen organizado no opera simplemente junto al sistema político de México; en muchas partes del país, es el sistema político mismo. La contienda por la gobernación de Sinaloa en 2021, según el gobierno estadounidense, fue una transacción, no una elección.
Esto plantea la pregunta más incómoda de la política mexicana actual. Si el financiamiento de los cárteles fluyó hacia el partido Morena en una elección para gobernador en 2021, ¿por qué habría de ser inmune la elección presidencial de 2024, mucho más grande y que involucró a las mismas redes políticas? La pregunta no es si, a los ojos de los votantes mexicanos, Sheinbaum ganó legítimamente. Es si el aparato partidista que propició su histórica victoria estaba limpio. En este contexto, la supuesta defensa del gobierno contra la interferencia extranjera se parece menos a una protección democrática y más a una prohibición preventiva de los esfuerzos formales por plantear esta cuestión.
Es por eso que Sheinbaum no puede romper con AMLO. Actuar contra la influencia de los cárteles en la política mexicana exigiría volverse contra la red que la llevó al poder.
Las rebajas en la calificación crediticia de México señalan un riesgo fiscal creciente. Pero los mercados financieros tardan más en calcular el precio del riesgo de un país que se desliza de una democracia imperfecta a un régimen autoritario competitivo. México cruzó ese umbral. Los costos apenas comienzan a acumularse.
(*) Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda de México y exgobernador del Banco de México, es tesorero del G-30.
