El presidente Fernández señaló hace no mucho tiempo que había que ocuparse de la economía pero que en este momento la prioridad es la salud, que de la economía nos ocuparíamos después. Llamaba la atención que un gabinete no tuviera las capacidades de atender los temas críticos de modo simultáneo, pero esa era la opinión del presidente. Una opinión que parece haber cambiado porque ahora el Gobierno puede no sólo ocuparse de los problemas sanitarios vinculados con la pandemia, sino también de impulsar dos reformas fundamentales para la estructura institucional de nuestro país. La reforma del Poder Judicial y la reforma de la Corte Suprema de Justicia.
Hay muchas razones para preocuparse, una es esa contradicción. No había capacidades para atender los problemas económicos pero ahora hay capacidades para atender una reforma de uno de los tres poderes del Estado. Pero no es la única razón por la que habría que preocuparse. Es una reforma inquietante por los antecedentes que la preceden, por las decisiones judiciales que la anticipan, por la suposición que buena parte de la sociedad tiene de que las decisiones judiciales se están tomando, no tanto para mejorar la calidad del sistema de justicia y de los servicios de justicia que la ciudadanía recibe, como por la necesidad de satisfacer los intereses de algunos actores relevantes de la coalición gubernamental.
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Pero dejemos de lado las sospechas que tienen fundamento, asumamos que el Presidente impulse esta reforma guiado por las mejores intenciones, con la voluntad de transformar un sistema de justicia sumamente insuficiente, ineficiente y corrupto. Pero la reforma va a carecer de legitimidad. La ciudadanía argentina ha sido privada por la emergencia sanitaria de algunas libertades básicas, en la libertad de trabajar, de circular, de reunirse, de protestar. Son libertades que han sido suprimidas, pospuestas por una razón de urgencia.
Una reforma del Poder Judicial exige una participación intensa de la ciudadanía y exige una deliberación pública robusta, amplia, no sólo un tratamiento legislativo. Exige que en las universidades, en los colegios profesionales, pero también en las oficinas, en los cafés, en los espacios públicos, en los medios de comunicación, se pueda discutir como se discutió el proyecto de ley del aborto, como se discutió el proyecto de ley de medios. No es una reforma que se pueda hacer a puertas cerradas para satisfacer intereses sectoriales.
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La reforma de la justicia nace, si es que se realiza, como la reforma de la Corte Suprema, bajo la luz de la sospecha. Pero sobre todo, nacen ilegítimas, nacen espurias porque nacen de espaldas a la deliberación que la democracia exige para producir las mejores herramientas institucionales con vistas al bien.
* Analista político.
