La cantidad de personas que accedieron a una jubilación en la Argentina registró una fuerte caída en el último año. Según datos oficiales, las nuevas altas previsionales se redujeron cerca de un 50%, un descenso que especialistas atribuyen, principalmente, al fin de la moratoria previsional y al endurecimiento de las condiciones para acceder al beneficio.
El cambio modificó el escenario para miles de personas que, si bien alcanzaron la edad jubilatoria, no reúnen los 30 años de aportes exigidos por la ley y, por lo tanto, no pueden obtener una jubilación ordinaria. El principal factor detrás de la disminución fue el vencimiento de la moratoria previsional, un régimen que permitía regularizar períodos de aportes faltantes mediante un plan de pagos y acceder así a una jubilación.
Al no renovarse ese mecanismo, muchas personas que antes podían completar los años de aportes quedaron imposibilitadas de iniciar el trámite jubilatorio.
A esto se suma que una parte importante de los trabajadores argentinos desarrolló su vida laboral en la informalidad o con períodos sin aportes, una situación que dificulta cumplir con los requisitos establecidos por el sistema previsional.
Los especialistas señalan que las mujeres son las principales afectadas por este cambio, debido a que muchas tuvieron trayectorias laborales interrumpidas por tareas de cuidado o desempeños en empleos informales. También se ven perjudicados trabajadores independientes y personas que alternaron períodos registrados con otros sin aportes.
La caída en las nuevas jubilaciones reavivó el debate sobre el futuro del sistema previsional argentino. Mientras algunos sectores sostienen que es necesario crear nuevos mecanismos para incorporar a quienes tuvieron carreras laborales informales, otros consideran que cualquier modificación debe garantizar la sustentabilidad financiera del sistema.
En ese contexto, especialistas coinciden en que uno de los principales desafíos será encontrar un equilibrio entre ampliar la cobertura previsional y preservar los recursos necesarios para sostener el pago de las prestaciones a largo plazo.
