Siempre, una extendida conducta pública amoral es reveladora de un estado de las cosas. Propongo cinco observaciones preliminares en relación con el uso arbitrario de las vacunas:
1) El patrimonialismo está cada vez más presente en la cultura política argentina. Los funcionarios, de todos los partidos políticos, están convencidos de que los recursos públicos les pertenecen, y que pueden utilizarlos discrecionalmente. Así, utilizan los recursos públicos en beneficio del propio grupo político, o de sí mismos y de sus familias y amigos. Más todavía que la corrupción, de la cual es una de las causas más notables, el patrimonialismo destruye cada vez más las capacidades estatales y la posibilidad de actuar políticamente en función del bien común.
2) La ampliación, ya no de los privilegios, algo que entre nosotros ocurre hace mucho, sino de la naturalización de los mismos. Los políticos han perdido noción de que en una sociedad democrática los privilegios son inadmisibles. No solo se han acostumbrado a gozar de ellos: carecen de la conciencia moral de que son indebidos, y los interpretan como derechos adquiridos y merecidos.
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3) El debilitamiento creciente de un Estado cada vez más incompetente y estúpido. El plan estratégico de vacunación presentado por el ministerio de salud de la Nación es poco más que un ejercicio estudiantil. Designa grupos de edad y de riesgo genéricos, sin detalles operacionales ni criterios específicos de ningún tipo.
4) Un federalismo perverso, por el cual la Nación transfiere recursos escasos y vitales a las provincias, sin ningún requisito que ordene su utilización. Esta transferencia de autoridad sin capacidades ni controles es la que en muchas provincias habilita la arbitrariedad y multiplica la ineficiencia.
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5) La puesta de las decisiones de política bajo la idea de la “estrategia” en lugar de la deliberación y la argumentación pública que arbitre entre la eficiencia y la equidad en el uso de recursos escasos y vitales. Estrategia es una palabra que sirve para justificar decisiones arbitrarias, no razonadas y no explicitadas. ¿Quiénes son los “funcionarios estratégicos del estado nacional”? ¿Cuáles son los criterios para identificarlos? ¿Quién establece esos criterios y de qué modo?
En nuestro país la población de riesgo asciende a 17 millones de personas. Garantizar su inmunidad llevará muchos meses. La sociedad no debe tolerar que durante ese tiempo las decisiones acerca de quién debe ser vacunado sigan tomándose por funcionarios patrimonialistas, que abusan de sus privilegios, que carecen de las facultades intelectuales y técnicas para actuar con eficiencia y equidad, transfiriendo la responsabilidad a los distritos subnacionales y amparándose en oscuras decisiones “estratégicas”.
