La Justicia dispuso la liberación de Jorge Castillo, el empresario conocido como el “Rey de La Salada”, en una decisión que vuelve a poner en el centro del debate el funcionamiento de una de las ferias informales más grandes de América Latina.
La resolución judicial se dio en el marco de la causa que investiga presuntos delitos vinculados a evasión fiscal, asociación ilícita y lavado de dinero. Según fuentes del expediente, el tribunal consideró que no existen riesgos procesales suficientes para mantener la detención, como peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Castillo había sido detenido en el contexto de un amplio operativo que incluyó allanamientos en la feria de La Salada, un complejo comercial que concentra miles de puestos y moviliza a comerciantes de todo el país. Su figura se convirtió en un símbolo del entramado económico informal que rodea a este predio.
Desde la defensa del empresario celebraron la decisión judicial y sostuvieron que su cliente siempre estuvo a derecho. Por su parte, los fiscales que intervienen en la causa continúan avanzando con la investigación, que involucra a otros actores vinculados a la actividad comercial en la feria.
El caso reavivó las discusiones sobre la regulación del comercio informal, el impacto en la industria textil formal y el rol del Estado en el control de estas actividades. Mientras algunos sectores reclaman medidas más estrictas, otros advierten sobre la dimensión social y laboral que tiene La Salada para miles de familias.
En paralelo, la feria sigue funcionando con normalidad, aunque bajo una mayor supervisión de las autoridades. La situación judicial de Castillo, si bien ahora con un cambio en su condición, continúa abierta y su evolución será clave para definir el futuro de uno de los polos comerciales más controvertidos del país.
La decisión de la Justicia marca un nuevo capítulo en una causa compleja, con implicancias económicas, sociales y políticas que exceden la figura del empresario y alcanzan a todo el sistema que rodea a La Salada.
