La toma de Villa Lugano, donde 800 familias ocupan el predio de unas 12 hectáreas, ya cumplió un mes, a pesar de la orden de la jueza Gabriela López Iñiguez quien ordenó el desalojo y que fue confirmado por una instancia judicial superior.
Si bien se preveía que la orden se cumpliría esta semana, lo cierto es que será recién la próxima, ya que la magistrada citó para hoy al ministro porteño de Justicia, Guillermo Montenegro, a una reunión en la que se decidirá cuándo y cómo hacerlo.
La orden judicial establece que el despeje del predio debe llevarlo a cabo la Policía Metropolitana, y la Federal y la Gendarmería deben hacer un cerco externo y en el límite con la villa, donde hay 16 pasillos.
La orden del desalojo había sido firmada por López Iñíguez y luego ratificado por la Cámara Penal porteña tras una reunión entre el procurador general, Germán Garavano, el procurador adjunto, Luis Cevasco, y los fiscales Carlos Rolero y Martín López Zavaleta, a cargo de la causa.
Más construcciones. Desde el primer día que se produjo el desalojo, los vecinos comenzaron a edificar precarias viviendas para evitar una nueva avanzada de las autoridades. Con el correr de los días, muchas de ellas ya tienen paredes de concreto y electricidad.