A dos semanas de la tragedia en la fiesta electrónica Time Warp, ayer recrudeció la polémica sobre las fiestas nocturnas al conocerse un fallo del juez porteño Roberto Gallardo que prohibía “toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada” en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que murieran cinco jóvenes por consumir drogas sintéticas en el predio de Costa Salguero.
La polémica no tardó en llegar. Pero a última hora de ayer, la medida cautelar fue suspendida por el juez Lisandro Fastman, titular del Juzgado Nº 14 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, quien recibió la causa, ya que Gallardo había actuado como juez de turno.
Ayer por la tarde tuvo lugar una audiencia en la que participaron quienes habían presentado la demanda, miembros del Gobierno de la Ciudad y el presidente de la Cámara Empresaria de Discotecas de Buenos Aires, Jorge Becco. Este último se comprometió a garantizar la contratación del servicio de área protegida en los locales bailables clase C, conforme a la normativa vigente.
Desde el gobierno porteño reafirmaron su compromiso de no otorgar permisos para la realización de eventos masivos de música electrónica y en los próximos cinco días presentar un informe pormenorizado de las fiscalizaciones realizadas durante abril por la Agencia Gubernamental de Control a los locales bailables. Así fue como el magistrado decidió hacer lugar al pedido de suspensión.
Medida cuestionada. La resolución la tomó ayer por la mañana el juez Gallardo al hacer lugar a una medida cautelar pedida por la Asociación Civil Vientos de Libertad, la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) –aunque desde esta última desmintieron a PERFIL su participación– (ver aparte).
El texto judicial fundamentaba la prohibición en la “inexistencia de control estatal respecto de la actividad nocturna” y exige al gobierno porteño dar cumplimiento a las normas “de prohibición de comercialización y consumo público de estupefacientes”.
La medida despertó la reacción inmediata de los empresarios de boliches, quienes salieron a responder que no acatarían la medida. “Es totalmente inconstitucional”, expresó Becco, quien aseguró que “son negocios que cumplen con todas las medidas de seguridad”. “El juez vive en una caja de zapatos. Sólo acataríamos si les paga el sueldo a las 50 mil personas que trabajan en este rubro y si se hace cargo de si pasa una desgracia en el éxodo que habrá esta noche y este fin de semana hacia el Conurbano”, insistió.
También el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó como “un verdadero disparate” la decisión del juez Gallardo. “Esta semana enviamos un proyecto de ley a la Legislatura con una serie de medidas de prevención y educación, incluso suspendiendo los festivales electrónicos masivos hasta que estas medidas no estén implementadas. Pero clausurar toda la noche porteña es un despropósito”, afirmó el funcionario a lo largo del día.
Otro de los gremios que manifestó su rechazo fue el Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines (Sutep). “Afecta directamente las fuentes de trabajo”, dijeron.
Las quejas también se hicieron sentir en las redes sociales, donde circuló una convocatoria para marchar ayer a las 19 con el eslogan “No a la prohibición del juez Gallardo”. El #CierranLosBoliches fue trending topic mundial.
Trending topic mundial
El fallo despertó el repudio inmediato de la escena nocturna porteña. A través de Facebook, se convocó a una manifestación en el Obelisco: “Nos manifestamos con carteles que apoyen la música y la movida artística del palo que sea”, decían. Además, en Twitter, el hashtag #CierranLosBoliches generó más de 40.800 mensajes y fue trending topic mundial.
“Es una estupidez. La gente no va a dejar de salir ni de hacer lo que tenga ganas. Y si quieren controlar todo, va a empezar un circuito clandestino”, dijo a PERFIL Fernando Vivas, alias DJ Buey. El DJ y productor Luis Masi agregó: “Para Gallardo, es más fácil prohibir la actividad y perjudicar a todo un ecosistema cultural y económico en vez de interpelar a las instituciones que deben regular estas actividades y dar la discusión de fondo”.
