Acusan a Solá por la tragedia en Magdalena

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), acusó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, por la muerte de 33 presos en la cárcel de Magdalena en octubre de 2005. La acusación se desprende de un informe de la organización sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, que denuncia que el penal funcionaba sin habilitación y con el conocimiento “de las más altas esferas del gobierno provincial”.

El documento sostiene que, en el pabellón 16, los 120 internos habitaban unos 600 metros cuadrados en total (4 metros cuadrados por persona), que representa menos de la mitad de lo establecido por los estándares internacionales. Asimismo, el organismo describe que las 58 personas alojadas en el pabellón incendiado –el 16 B– compartían el uso de tres letrinas, mientras que el predio funcionaba sin haber concluido la obra edilicia total.

En ese sentido, el CELS cita que, en el sumario administrativo interno de la cárcel, distintos encargados del penal admitieron conocer la situación de las falencias edilicias del penal. “Claudio Olivero, Jefe de la División de Seguridad Laboral de la Secretaría de Higiene y Seguridad Laboral del Servicio Penitenciario Bonaerense, afirmó que al tiempo de la entrega parcial de las obras, los módulos recepcionados no se encontraban habitables”, afirma el comunicado del organismo.

“Fundamentalmente porque no poseían disyuntores ni el certificado de la puesta a tierra, ni la prueba hidráulica de desagüe, ni la aprobación de la red de incendios, ni agua potable, tampoco la prueba de hermeticidad en la línea de gas”, explica Olivero en el sumario administrativo interno del penal.

En tanto, el informe asegura que las declaraciones de los internos que sobrevivieron a la tragedia y de los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que se encontraban de guardia el día del incendio, “surge con claridad que no pudo utilizarse el sistema antiincendios del pabellón porque la red hidrante carecía absolutamente de presión”.

Asimismo, el escrito remarca el conocimiento que las autoridades de la provincia tenían sobre la situación y que “la decisión de alojar personas en esas condiciones respondió a las presiones políticas existentes ante la emergencia carcelaria”.

Jorge Octavio Ruiz, Jefe del Departamento de Obras de la Dirección de Construcciones y Mantenimiento, destacó que hubo “expresas directivas del gobernador de la provincia de Buenos Aires para acelerar las fechas de entrega de los módulos de la Unidad 28 de Magdalena”.

En ese sentido, el documento detalla que Juan Carlos Joubert, Director de Construcciones y Mantenimiento entre diciembre de 2002 y noviembre de 2003, narró supuestas presiones que se habrían realizado para finalizar las obras rápidamente.

“Se construyeron los catorce módulos en distintas Unidades Penitenciarias, más aún contra la presión de su finalización para ingresar los detenidos que se encontraban en las comisarías con el fin de descomprimir las mismas. Constantemente éramos apurados para su finalización”, sostuvo el funcionario en el escrito de su defensa.

El informe del CELS precisa que el pabellón que alojaba a los internos “es un claro exponente de la política de construcción de módulos de bajo costos que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires (...) Son ampliaciones edilicias que se efectúan para aumentar la capacidad original de las unidades carcelarias, que no implican el incremento de servicios adicionales (cocinas, talleres, etcétera)”.

El documento explica que el SPB sumó 1.984 plazas en módulos de bajo costo, donde los internos son alojados “en condiciones deficientes: pabellones colectivos de más de cincuenta personas, insuficiente cantidad de baños, inexistencia de espacios recreativos o salas para recibir visitas”.

“Más allá de los módulos de ampliación, el SPB ha construido en los últimos años al menos cuatro nuevas cárceles de bajo costo, que son las unidades 12 de Gorina, 19 de Saavedra, 38 de Sierra Chica y 39 de Ituzaingó”, continúa el informe, para poco después sentenciar: “Resulta preocupante que las nuevas construcciones edilicias llevadas adelante para solucionar el problema de la sobrepoblación carcelaria no respeten los estándares internacionales mínimos para el alojamiento de detenidos”.

Fuente: DyN