Ayer fue el Día Internacional de la Celiaquía. Y, si bien desde 2009 el país tiene una ley –que además fue modificada el año pasado– que da beneficios a quienes padecen esta enfermedad, hay provincias que todavía no adhirieron a ella, con lo cual su aplicación es nula. Tal es el caso de la provincia de Buenos Aires, donde por densidad poblacional, además, se concentra la mayor cantidad de personas que la esperan.
La ley 26.588 estableció, entre otras cosas, que las obras sociales deben brindar asistencia económica a los celíacos. El año pasado, entre las modificaciones que se le hicieron y que aún no se reglamentaron, se agregaron puntos como que el sector gastronómico ofrezca al menos una opción libre de gluten en sus menúes, lo mismo las unidades carcelarias, los hospitales, las escuelas y los servicios de transportes. Además de que se rotulen los medicamentos, y se actualice la ayuda económica, que actualmente es de $ 326 para comprar harina o mezclas libres de gluten. Al ser aplicativa sólo a las provincias que adhieren, los bonaerenses que tengan IOMA aún no cuentan siquiera con ese beneficio.
En ese contexto, en diciembre pasado ingresó a la Cámara de Diputados provincial el proyecto del senador Patricio Hogan, del Frente Renovador (FR), que cuenta con media sanción de la Cámara alta. Debería tratarse en la próxima sesión.
Desventajas. “Como institución nos interesa que también se pueda cubrir el diagnóstico”, dice Gladys Altamirano, vicepresidenta de la Asociación Celíaca Argentina, donde esperan que este año la provincia adhiera a la ley.
Y si bien celebran que exista, también admiten que hay problemas, ya que desde su reglamentación hubo casos de personas que no lograron acceder a cobertura de salud por su condición; mientras que algunas prepagas cobran un plus en la cuota por considerar la celiaquía en las enfermedades preexistentes.
“El celíaco no requiere servicio médico constante, ni medicamentos; necesitamos una dieta libre de gluten cuyos productos tienen un costo bastante elevado”, agrega Altamirano. “Por eso esperamos que en algún momento se pueda corregir, y que la ayuda venga del Estado y no de las obras sociales”, sintetiza.
