Un informe reciente de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) expuso un panorama crítico del sistema penitenciario argentino durante el segundo año del gobierno de Javier Milei. El documento advierte no solo un nuevo aumento de la población carcelaria y el deterioro de las condiciones de detención, sino también la persistencia de denuncias por corrupción en el sistema de licitaciones vinculadas al Servicio Penitenciario.
En la provincia de Buenos Aires, el sistema cuenta con 54 cárceles, cuatro alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y una unidad de tránsito: en total, 74 establecimientos organizados en 12 complejos penitenciarios. Seis de ellos están destinados exclusivamente a mujeres, 13 alojan mujeres y varones, y tres a varones y mujeres trans.
Según el informe, la población penitenciaria creció un 4% interanual en 2025 y alcanzó en diciembre los 12.166 detenidos. El mayor incremento se concentró en la Unidad 36 de Santa Fe, que sumó 334 personas desde diciembre de 2024. También se registraron subas significativas en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) V de Neuquén, con 92 nuevos internos; en el CPF VI de Mendoza, con 65; y en el penal federal de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de 1.500 a 1.525 personas privadas de libertad.
En cuanto a la situación procesal, casi dos tercios de las personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal cuentan con condena firme. La población condenada pasó de 6.949 personas en diciembre de 2024 a 7.680 en diciembre de 2025, lo que representa el 63,1% del total. En contraposición, la cantidad de personas procesadas sin condena firme descendió de manera sostenida: del 50,6% en 2020 al 36,9% en 2025. Aun así, son 4.485 las personas que continúan privadas de libertad en condición de procesadas.
Crecer entre rejas
El informe también destaca el crecimiento de la población femenina y trans en cárceles federales. Al cierre de 2025, se registraron 949 mujeres y 34 personas travesti-trans detenidas, lo que equivale al 8,1% del total. En relación con 2024, la cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó un 11,3%, un crecimiento proporcionalmente mayor al del conjunto de la población carcelaria. En los últimos cinco años, la representación de mujeres detenidas pasó del 5,8% al 7,8%.
Otro dato alarmante es el aumento de mujeres embarazadas y de aquellas que conviven con sus hijos e hijas en contexto de encierro. En diciembre de 2025 se contabilizaron 10 mujeres embarazadas y 16 mujeres detenidas junto a sus hijos, la cifra más alta de los últimos años. El 63,2% de ellas se encuentra en prisión preventiva.
La población carcelaria sigue siendo mayoritariamente joven y masculina: el 93,5% de las personas jóvenes encarceladas son varones. Casi siete de cada diez detenidos tienen entre 21 y 39 años, con una mayor concentración en el rango de 30 a 39. A nivel nacional, las personas extranjeras representan el 16% de la población detenida, con 1.942 personas, una proporción que descendió respecto del 20,6% registrado en 2020.
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Un drama que no se revierte
La sobrepoblación continúa siendo uno de los principales problemas estructurales. Según la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, el sistema penitenciario argentino funciona al 130,2% de su capacidad: hay 130 personas alojadas donde deberían caber 100. En la última década, la cantidad de personas encarceladas creció un 67,7%, con incrementos especialmente pronunciados en Santa Fe (244,8%), Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%). A pesar de la ampliación de plazas en varias provincias durante 2024, la sobrepoblación no logró reducirse.
Argentina registra hoy 258 personas presas cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de su historia. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267).
El informe también alerta sobre el aumento de muertes en contextos de encierro. Durante 2024 se registraron 40 fallecimientos en cárceles federales, diez más que el año anterior y cerca del promedio histórico de 43 muertes anuales. Además, se relevaron ocho muertes en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, seis por enfermedades y dos por causas violentas. En total, se contabilizaron 389 casos de violencia institucional, casi un centenar más que en 2023.
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Sábana corta: recursos escasos
La crisis se agrava en comisarías y alcaidías porteñas, donde para marzo de 2025 más de 2.500 personas permanecían detenidas en espacios no preparados para el alojamiento prolongado. Esta situación le costó al Gobierno de la Ciudad $70.161 millones durante 2024, un promedio cercano a los $200 millones diarios destinados a custodia y alojamiento.
En este contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso en diciembre de 2024 la obligatoriedad de que todas las personas detenidas en el Servicio Penitenciario Federal participen en tareas de mantenimiento, limpieza e higiene de los establecimientos. La medida generó críticas de organismos de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de profundizar prácticas coercitivas.
Mientras tanto, el Estado avanza en nuevos proyectos de infraestructura carcelaria. Entre ellos se destaca el CEMAX en Córdoba, una cárcel de alta seguridad que demandará una inversión de 109 mil millones de pesos y contará con 448 celdas, con capacidad para alojar a más de 1.000 internos considerados de “alto perfil”.
El informe concluye que, lejos de resolverse, la crisis carcelaria en Argentina se profundiza: más personas detenidas, cárceles saturadas, mayor gasto público y un escenario de derechos vulnerados que vuelve a poner al sistema penitenciario en el centro del debate público.
AA / EM
