Ricardo Righi, uno de los padres de las víctimas de Cromañón, denunció a la jueza federal María Servini de Cubría por el allanamiento que ordenó la semana pasada en su domicilio de la localidad de Ciudadela, en el marco de una causa por presuntas amenazas contra el ministro del Interior, Aníbal Fernández.
Para Righi el allanamiento fue una medida "desproporcionada" por medio de la cual fueron secuestradas dos computadoras en funcionamiento y una tercera que estaba desarmada.
El secuestro de las PC fue una medida "destinada a incorporar datos en las computadoras" para perjudicarlo y "atentar" contra su libertad, afirmó uno de los representante del “ala dura” de los familiares de las víctimas que reclaman justicia luego del incendio del boliche.
"Considero también que como mis hijos usaban las computadoras para el estudio, les están coartando sus posibilidades de uso", amplió Righi para explicar su teoría.
Righi además apuntó contra Fernández: "De la misma forma en que han actuado conmigo considero que lo han hecho con la doctora María Angélica Crotto ante una orden directa y precisa de la jueza, quien se encontraba de turno y dio la orden de desalojo de la comisaría 24 y fue desobedecida".
"Una orden del Ejecutivo Nacional le dio intervención al juez (Norberto) Oyarbide, desoyendo la orden de la jueza natural de la causa. Doy esto como referencia de delitos que se cometen de avasallamientos del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial", añadió.
La denuncia quedó radicada ante el juzgado de instrucción número 21, a cargo del magistrado Mauricio Zamudio, bajo el número 56.938/06.