La decisión de la Justicia de clausurar simultáneamente 29 burdeles conocidos como "Las Casitas" en Río Gallegos, Santa Cruz, no conformó a los impulsores de la denuncia contra la trata de mujeres. Los representantes de la Fundación Alameda le exigieron al gobierno provincial de Daniel Peralta que atienda a las víctimas del tráfico de personas.
Mediante un comunicado firmado tanto por el presidente de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, como por su secretario, Rodolfo Yanzón, reclamaron que la "valiente" decisión de la jueza Ana Álvarez de clausurar los cabarets "no basta" si el Estado "no acompaña". De esta manera, los representantes de la Fundación reclamaron la intervención gubernamental.
A través de Vera, la Fundación reclama que el Estado garantice la contención de las víctimas para que puedan declarar en libertad. Hasta el momento -denunciaron- el gobierno provincial kirchnerista no le brindó a las mujeres "alojamiento transitorio, ni contención psicológica ni, mucho menos, perspectivas de reinserción laboral y social".
Paradójicamente, los representantes de La Alameda señalaron que las víctimas, ante la ausencia de respaldo estatal, "aún pernoctan en las casas que son propiedad de sus verdugos". De esa forma, los jueces luego desestiman las denuncias de trata de mujeres porque las jóvenes no se animan a denunciar a sus explotadores.
Acción conjunta. En el marco de la visita de mañana del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, a la provincia, los representantes de la Fundación reclaman que la investigación tiene que llevarse adelante con la idea clara de que muchos integrantes de las fuerzas de seguridad están sospechados de formar parte de las redes de prostitución.
"Ni el Estado, ni las fuerzas de seguridad federales garantizaron un marco adecuado de intervención para semejante megaoperativo. Sin embargo (...) Las Casitas deben seguir clausuradas en base a lo que establece la ley de profilaxis y los convenios internacionales que nuestro país suscribió", expresaron en un comunicado.
Mirar para otro lado. Por último, la Fundación rechaza el inaudito reclamo de "reapertura" de los dueños de los cabarets (acusados de tener mujeres a la fuerza) . A su vez, tanto Vera como Yanzón criticaron los intentos de algunos funcionarios "de disfrazar a esas casas de prostitución con la categoria de cabaret clase "C" u otros artilugios".
Historia de una denuncia. La intervención judicial estuvo precedida de una investigación que habría constatado buena parte de lo que la Fundación Alameda denunció el 29 de abril pasado ante la Procuración General de la Nación. De esta manera, los representantes aseguran que "no se trató de una acción precipitada, sino largamente planificada".
