Un depósito de garrafas que funcionaba sin habilitación explotó este miércoles por la mañana en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, y dejó al menos dos heridos de gravedad, en un episodio que reavivó las advertencias sobre la proliferación de operadores clandestinos en el sector.
El siniestro generó una secuencia de explosiones que se extendió durante más de dos horas y provocó escenas de pánico entre los vecinos, con garrafas que salían despedidas por el aire y viviendas en riesgo. Diez dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el incendio.
Según pudo saber PERFIL, el depósito estaba ubicado sobre la calle Constituyentes al 1400 y se dedicaba a la compra y reventa de garrafas sin contar con habilitación. El reporte oficial, según indicó Clarín, señaló que el fuego habría comenzado cuando se enchufó una pava eléctrica en un ambiente con posible pérdida de gas, lo que habría provocado una explosión inicial y quemaduras de segundo y tercer grado en los trabajadores.
Tres empleados resultaron heridos y fueron trasladados a centros de salud, mientras que dos de ellos permanecen en terapia intensiva en estado reservado. La investigación quedó en manos de la UFI N° 2 de Morón, que interviene bajo la carátula de incendio.
Depósitos clandestinos y garrafas vencidas: la desregulación del gas desató el descontrol
En paralelo, los testimonios reflejaron la magnitud del episodio. “Estoy encerrado en mi local, me da miedo porque vibra todo. Vuela todo por el aire”, relató un vecino en diálogo con Todo Noticias, mientras se escuchaban detonaciones constantes. Otros habitantes de la zona describieron la caída de garrafas en patios y techos, e incluso denunciaron que un joven resultó gravemente herido tras ser golpeado por uno de los cilindros.
Las advertencias de un circuito clandestino
Tras el hecho, desde el sector empresario volvieron a vincular lo ocurrido con el crecimiento de la informalidad en la actividad. En diálogo con PERFIL, el titular de la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado (Cafadigas), Darío Simonetti, fue categórico: “Es totalmente clandestino. Hacían trasvaso de garrafas, todo lo que veníamos denunciando”.
El dirigente señaló además que no se trata de un caso aislado: “Ya es el segundo. Hace poco hubo uno en Tucumán con las mismas características”. Según explicó, la entidad ya analiza presentar el episodio como un “hecho nuevo” en la causa judicial que impulsa contra la desregulación del sector impulsada por la gestión de Federico Sturzenegger.
El episodio ocurre en línea con las alertas que el propio sector venía planteando desde hace meses. Tal como adelantó PERFIL en noviembre de 2025, la desregulación del mercado del gas envasado había comenzado a generar un escenario de “descontrol”, con la aparición de operadores informales y la relajación de los mecanismos de fiscalización.
El Gobierno desreguló el mercado de garrafas
En aquella oportunidad, Cafadigas había llevado el caso a la Justicia mediante una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el esquema normativo impulsado por el Gobierno y advertía que el desmantelamiento de controles abría la puerta a prácticas irregulares en un rubro de alto riesgo.
El diagnóstico incluía un mapa de irregularidades en distintos puntos del país: garrafas vencidas, depósitos montados en viviendas, transporte sin habilitación y comercialización sin trazabilidad.
“El 47% de la población usa garrafa y prácticamente no hay controles”, había señalado entonces Simonetti, al comparar la fiscalización del gas envasado con la del gas natural.
Seguridad pública y vacío regulatorio
Desde la Cámara sostienen que el problema excede lo económico y se ubica en el terreno de la seguridad pública. El gas envasado, remarcan, es un producto inflamable que requiere protocolos estrictos en toda su cadena: fraccionamiento, almacenamiento, transporte y venta.
La desregulación, según la entidad, dejó ese esquema sin un sistema alternativo de control, lo que facilitó la aparición de depósitos clandestinos como el que explotó en Merlo.
El caso, ahora bajo investigación judicial, vuelve a poner en el centro del debate el impacto de esos cambios y las consecuencias de un mercado que, según advierten desde el sector, comenzó a operar sin los resguardos mínimos.
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