Las dificultades de acceso a una cobertura social o a un plan de salud afectan a cerca del 40 por ciento de las personas con discapacidad, pese a que este sector es el que más posibilidades tiene para ingresar a un sistema previsional a través de las pensiones que otorgan la Nación y las provincias.
Un informe de la Asociación de Padres de Infantes con Trastornos Neurológicos (APADIN) indica que el 38,4 por ciento de las personas con discapacidad en Argentina carece de cobertura de salud y que la mayoría del 60,3 por ciento que sí la tiene se atiende por una cobertura privada.
En este sentido, el reporte de APADIN puntualizó que el 43,5 por ciento de los discapacitados se atiende en forma privada, el 37,1 concurre a establecimientos públicos y el 11,7 lo hace en forma mixta.
La titular de APADIN, Laura Subies, indicó que esa situación "obedece en gran medida, a la falta de información" de la familia o la persona con alguna discapacidad "sobre la normativa vigente", referida a los certificados de discapacidad.
Subies destacó que la familia que tiene un discapacitado no sabe que a través de un certificado de discapacidad se completa en forma total la atención integral en salud, con acceso a medicamentos y atención médica.
"El 81,8 por ciento de los discapacitados -remarcó- no tiene sus certificados, que son expedidos por el Ministerio de Salud, previa realización de una junta médica que evalúe el grado de discapacidad de la persona".
Teresa Garzón, asesora de la Comisión Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad (CONAIDIS), dijo que el certificado de discapacidad es sólo "uno de los factores que incide en que exista un 40 por ciento de personas con discapacidad sin obra social".
La asesora del organismo nacional advirtió que el porcentaje de personas con discapacidad sin cobertura es "preocupante", pero sostuvo que el sector es el que más posibilidades tiene de acceder a una cobertura mediante las pensiones que otorgan la Nación o las provincias.
Certificado de discapacidad. De todas maneras, reconoció que para acceder a una pensión es necesaria la presentación de un certificado de discapacidad, además de probar la falta de recursos económicos.
Subies aseguró que existen demoras de meses en la obtención de turnos para tramitar un certificado de discapacidad, por lo que hay que "descentralizar las juntas médicas", para acelerar su entrega.
Garzón vinculó el problema de la falta de cobertura social de los discapacitados con el porcentaje de las personas sin trabajo o con los que tienen un trabajo en negro.
"Esa cifra (el 38,4 por ciento) es muy similar a la de las personas que en la Argentina no tienen empleo o los que tienen un trabajo en negro", remarcó Garzón y agregó : "las personas con discapacidad no escapan a la realidad que vive el país".
También puntualizó que "existen muchos hogares con personas discapacitadas cuyos titulares que tienen trabajo no los pueden hacer ingresar a una obra social, porque trabajan en negro".
