La causa que investiga el asesinato de de Fernando Báez Sosa tras el ataque de un grupo de rugbiers contó esta semana con importantes novedades. Luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores confirmara las prisiones preventivas de ocho de los acusados por el homicidio en Villa Gesell, su abogado denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Ministerio Público bonaerense "no les brindó el derecho a ser escuchados con las debidas garantías", según informaron fuentes judiciales.
El dato fue difundido este jueves 16 de abril, pero Hugo Tomei realizó su presentación ante el organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, el pasado miércoles 8. En la denuncia en trámite ante la CIDH que ingresó con el registro P799/20, el letrado aseguró que "el Estado provincial no ha cumplido con brindarles" a los acusados, "la información detallada" del delito imputado y "las pruebas en su contra".
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El abogado subrayó en su denuncia la presunta responsabilidad del fiscal General de Departamento Judicial de Dolores, Diego Escoda, y del fiscal de ese distrito Mario Pérez, por haber desestimado una denuncia penal suya contra Zamboni, por "privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y falsedad instrumental". En su escrito, indicó que en el marco de la causa iniciada en Gesell tras el homicidio de Báez Sosa (18), "a media mañana del 18 de enero de 2020, se privó de libertad" a Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (19), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20), Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19).
Señaló, además, que se trata de "personas jóvenes sometidas a encierro carcelario" y que ocho de ellos "llevan más de 80 días en extrema situación". En ese sentido, denunció que "el Estado provincial, hasta el día de hoy no ha cumplido con brindarles la información detallada de hecho atribuido y las pruebas obrantes en su contra" y "por lo tanto, ha incurrido en una categórica e intolerable violación al derecho de ser oído con las debidas garantías". En este sentido, Tomei puntualizó que busca "restituir las garantías mínimas concedidas a los ciudadanos por la Convención Americana y violadas aquí por los funcionarios del aparato judicial del Estado provincial". Además, insistió en la nulidad de las indagatorias de los imputados, en las que cada uno de ellos se negó a declarar al día siguiente del homicidio, por considerar que no fueron informados sobre la acusación ni sobre las pruebas.
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Avances. La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores confirmó este martes las prisiones preventivas de ocho de los jóvenes acusados por el crimen en Villa Gesell y rechazó la recusación de la fiscal del caso solicitada por la defensa. La medida fue adoptada en respuesta al planteo de Tomei, quien pidió que se anulen las declaraciones indagatorias de los rugbiers, que se aparte de la causa a la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni y que cesen las prisiones preventivas de los acusados. "La prisión preventiva se encuentra sólidamente justificada, y no observo arbitrariedad ni desproporción alguna en la medida cautelar dispuesta", expresó el camarista Luis Defelitto en su voto, al que adhirieron sus colegas Miriam Yaltone y Fernando Sotelo.
Además, esta semana se supo que un informe pericial determinó que debajo de las uñas de Fernando Báez Sosa, se encontró material genético de Blas Cinalli, uno de los ocho rugbiers detenidos por el crimen. En tanto, el peritaje de rastros realizado en la ropa secuestrada a los imputados horas después del homicidio del estudiante determinó que en el 70 por ciento de esas prendas de vestir había restos de sangre que pertenecían a la víctima.
AB/FF
