Según datos del Ministerio Público Fiscal, el año pasado hubo 1.385 secuestros virtuales en la Ciudad de Buenos Aires. Enero y febrero fueron los meses en los que el delito fue más denunciado, pese a ser época de vacaciones.
Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que Palermo, Belgrano y Saavedra son los barrios porteños más golpeados por esta modalidad. En esas zonas, la comisión que investiga este tipo de delitos realizó jornadas en centros de jubilados, debido a que los adultos mayores son más vulnerables a los engaños.
Asimismo, los miembros de la comisión se reunieron en dos oportunidades con distintos representantes de empresas prestadoras de telefonía móvil para tratar la velocidad de los informes solicitados por los fiscales y la falta de control en la entrega de las líneas.
En tanto, en 2015 el número bajó (hasta mayo se hicieron 297 denuncias), pero los voceros indicaron que notaron un leve crecimiento en el último mes.
Los montos entregados varían entre cinco mil a cien mil pesos. Esta diferencia de pretensiones también tiene que ver con la modalidad: los delincuentes piden “lo que tengan a mano” a las víctimas. Además explicaron que el monto es dejado en lugares de fácil acceso, que permiten un rápido escape sin ser
detectados.
Iniciativa. La comisión de Secuestros Virtuales fue creada por la procuradora Alejandra Gils Carbó en junio del año pasado ante el crecimiento de la modalidad delictiva. Según las fuentes, está conformada por fiscales nacionales de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, y el fiscal director de Análisis Criminal, Diego García Yomha.
Sus integrantes, Ana Yacobucci, Paula Asaro, Estela Andrades, Felisa Krasucki, Horacio Azzolín y Aldo Gustavo De la Fuente, están dedicados a “la elaboración de metodologías y herramientas de actuación específicas para la investigación y prevención de estos delitos”.
Su función “será identificar y analizar los patrones comunes, efectuar una propuesta de abordaje institucional y proyectar un protocolo de actuación e investigación”.
