El conflicto por la toma de viviendas en Villa Soldati sigue trabado. El juez federal Luis Armella rechazó un planteo de dos legisladores de Proyecto Sur y explicó que seguirá a cargo de la causa.
Quien había salido al cruce de Armella más temprano fue el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, quien reiteró que la situación debería liderarla un juez porteño y la Policía Metropolitana porque el delito de usurpación fue transferido en 2004 a la Ciudad de Buenos Aires.
Armella ratificó que su actuación se enmarca en la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Suprema, según informó Clarín. Aníbal Fernández había dicho que "no tiene jurisdicción" para resolver el desalojo de las personas que ocuparon ilegalmente viviendas sociales en el Bajo Flores. "En este caso estamos hablando de un desalojo, y una de las cosas que la Ciudad ha convenido es la de manejar los desalojos, con lo cual debiera ser materia específica de la Metropolitana", el llevarlos a cabo, fundamentó.
"No pueden tomar las cosas por las suyas, con lo cual habrá que resolverlo de la mejor manera y encontrar una salida alternativa sin lastimar a nadie", propuso el ministro.
Por su parte, Gabriela Michetti, precandidata a Jefe de Gobierno de la Ciudad, se quejó por el accionar del gobierno nacional: "Es la la eterna disputa de la Nación con la Capital Federal, como si los porteños no fuéramos argentinos", señaló la diputada del PRO. En diálogo con Cadena 3 reiteró que "la seguridad de la Capital Federal sigue siendo responsabilidad de la Nación" y agregó: "Es muy feo borrarase, es un tremendo error".
Decisión judicial. Ayer la Justicia ratificó la orden de desalojo de las familias que, desde hace seis días, ocupan el complejo habitacional, donde según el gobierno porteño habría personas armadas. Se estima que participan unas 120 personas de la toma, de las cuales 80 son chicos.
El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había dicho que era "el Gobierno (nacional) el que no cumple" la orden judicial. La situación, indicó, "va más allá de las discusiones políticas, es un problema legal" y recordó que algo similar ocurrió con el Parque Indoamericano, en Villa Soldati, que fue ocupado y pese a la resistencia del gobierno nacional "tuvieron que desalojar".
