Una de las franjas más preocupantes que tiene la frontera norte argentina es la ubicada entre la ciudad salteña de Orán y el vecino país de Bolivia. Allí residen unos dos mil colombianos que aparentemente que “buscan instalarse para manejar el negocio del narcotráfico”, según advierte un juez salteño, quien asegura que “muchos de ellos se casan con argentinas para regularizar su situación legal”.
Orán es una ciudad del norte de Salta y cabeza del departamento con el mismo nombre. Una de sus problemáticas son los 300 kilómetros de frontera con Bolivia que no logran ser cubiertos por Gendarmería. “Por allí se filtran inmigrantes ilegales que eligen esconderse en las zonas de densa vegetación que priman en el lugar para el desarrollo de actividad vinculada con el narcotráfico”, acusa el juez.
“La información extrajudicial que manejan las fuerzas de seguridad habla de unos dos a tres mil colombianos que se instalaron en el norte del país. El mayor número se encuentra en Orán, pero ya tenemos registros de que habrían llegado a Santiago del Estero, además de Jujuy y Tucumán. Cada vez se van metiendo más adentro de nuestro país, ya que antes el límite era Tucumán y ahora van hacia el sur. Por eso nos resulta importante el intercambio de información entre los jueces de las distintas provincias”, asegura a PERFIL Raúl Reynoso, juez federal de Orán.
La situación preocupa a las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad. “Muchos de los colombianos vienen a instalarse a nuestro país y no están de paso, como tal vez se acostumbraba antes. Por eso buscan contraer matrimonio con mujeres argentinas para tener hijos en el país y de este modo contar con un respaldo legal para tramitar su radicación definitiva. La intención es instalarse para generar el negocio desde acá”, destaca Reynoso, y agrega: “En los viajes que realicé a Buenos Aires informé este asunto a la Dirección de Migraciones y, por suerte, desde hace cuatro meses funciona en Orán una delegación de Migraciones para que se pueda realizar un relevamiento desde el lugar más cercano. Esto significa un mayor control y evitar el ingreso ilegal de extranjeros”.
La guerra por el territorio es otro de los problemas que está enfrentando la Justicia. En los últimos dos años se produjeron 11 asesinatos con sello colombiano. El juez destaca: “Venimos acumulando homicidios vinculados a ajustes de cuentas entre bandas de narcos (que se produjeron en Orán y Tartagal), y el estilo de los homicidios nos remite a la modalidad colombiana. Comienza con un secuestro con pedido de rescate, sigue con torturas a la víctima y termina con el asesinato de la persona de manera cruel, con gran cantidad de disparos y el tiro de gracia en la nuca o la frente. Ese tipo de homicidio no es nativo de esta zona, sino que tiene el sello colombiano”.
Los jueces del Norte se reunieron para evaluar esta problemática. El magistrado catamarqueño Ricardo Moreno explicó: “Los colombianos que se instalan allí son los que recién se inician en la actividad, y otros tantos que realizan trabajos para ajusticiar personas por dinero, más conocidos como sicarios. Por eso hemos pedido que haya mayor control”.
