Habrá probation para condenas de seis años

El Senado bonaerense aprobó ayer un proyecto de ley por el cual se propone que las personas que en la provincia de Buenos Aires estén acusadas de delitos que tengan una pena máxima de seis años podrán solicitar el beneficio de la probation, que es la prestación de un servicio a la comunidad en lugar del cumplimiento de la condena en la cárcel.

El proyecto, que ahora pasó a la Cámara de Diputados, abarca “delitos de competencia de los juzgados correccionales –menos de seis años de pena máxima–, con lo cual quedan excluidos todas aquellas infracciones agravadas, como pueden ser el robo con armas, que tiene una pena de máxima de quince años”, indicó la senadora peronista Mónica Litza, también autora del documento.

“El monto de seis años previsto en la ley se encuentra en armonía con la competencia de los jueces correccionales (delitos menores) y con aquellos susceptibles de ser archivados unilateralmente por el fiscal de investigación”, aclaró la legisladora.

También destacó que “se encuentra en concordancia con aquellos delitos que son excarcelables, ya que la libertad se concede cuando la pena del delito es de hasta ocho años y el proyecto lo permite para delitos de hasta seis”.

En la iniciativa se aclara que el beneficio “no podrá ser concedido a aquellas personas susceptibles de ser declaradas reincidentes ni a funcionarios públicos (por ejemplo en el caso de delitos económicos)”, precisó la senadora. También advirtió que “el fiscal deberá valorar las circunstancias para otorgar el beneficio y llegar al acuerdo con el imputado y su defensor”.

Entre los objetivos del proyecto está la intención de descomprimir los saturados tribunales de la provincia de Buenos Aires. Precisamente, el Tribunal de Casación provincial declaró recientemente la emergencia judicial en el fuero criminal por la acumulación de causas.

Además, la media sanción de la ley se da en el marco de la finalización de una huelga de hambre por parte de catorce mil internos de cárceles bonarenses, que reclamaban la agilización de sus causas.

En los fundamentos del proyecto, la senadora Litza afirmó que la normativa “descomprimirá los Tribunales Penales Provinciales Criminales y Correccionales, lo que representará la posibilidad de una mayor atención a las causas importantes”.

La legisladora agregó además que el documento prevé que entonces se agilice la Justicia, “que en la actualidad se encuentra sobrecargada y colapsada, lo que es incompatible con la real administración de Justicia. Aliviará la abrumadora tarea de la Justicia Provincial en materia de investigación criminal en al menos un 40 por ciento”.

En la actualidad, el sistema de la probation sólo contempla delitos con penas hasta tres años de prisión, como robo simple, tentativa de robo, hurto y daños.