Mientras la presidenta Cristina Fernández hace negocios con los jeques más poderosos de Medio Oriente, el gobierno aseguró hoy que este año se aprobará una ley en el Congreso para indemnizar a familiares de muertos y heridos en el atentado a la AMIA. Así lo informó el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, una promesa para las autoridades de la comunidad judía, en la que también garantizó que la Argentina seguirá luchando para juzgar a los iraníes sospechados de haber atacado la mutual en 1994.
"Repasamos el avance de las leyes reparatorias para las víctimas del atentado de la AMIA, cuya sanción por parte del Congreso se hará este año", dijo Alak ante los periodistas. Y garantizó a las autoridades comunitarias una reunión en febrero próximo con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, donde se encuentra el proyecto de ley en cuestión.
Alak hizo estas promesas al visitar formalmente la sede de la AMIA, en la calle Pasteur 633, donde una bomba mató a 85 personas el 18 de julio de 1994. Mientras la presidenta Cristina Fernández se encuentra de gira por países de Medio Oriente, Alak se entrevistó con los titulares de la DAIA y de la AMIA, Aldo Donzis y Guillermo Borger, respectivamente, para firmar una serie de convenios de cooperación que erradiquen las prácticas discriminatorias y que ratifiquen la lucha contra el terrorismo.
Fue una visita formal pero que sirvió para que Alak dejara en claro que "el Gobierno ha dado muestra reiterada de su compromiso a favor de la paz y la igualdad entre los pueblos y las personas". Al tiempo que aseguró: "Hoy está más vigente que nunca la decisión de enaltecer esos intereses como valores superiores del Estado".
La visita y las palabras del jefe de la cartera de Justicia llegaron luego del malestar que había provocado en la comunidad judía el reconocimiento de Argentina a Palestina como un Estado independiente.
Alak también, que estuvo acompañado por los secretarios de Justicia, Julián Alvarez; y de Relaciones con el Poder Judicial, Osvaldo Grossman, dijo que el Gobierno argentino seguirá "insistiendo para que Irán cumpla con los requerimientos judiciales para esclarecer el atentado". Y abundó en detalles sobre la investigación que intenta castigar a los responsables del encubrimiento de la causa AMIA, próxima a ser elevada a juicio oral.
El ministro se entrevistó primero con el titular de la DAIA para firmar acuerdos para la cooperación en la lucha contra la discriminación y fijar la agenda de trabajo para 2011, con la organización de un seminario internacional contra el terrorismo. "El trabajo conjunto con el Ministerio nos permite trabajar con un efecto multiplicador en la lucha contra la discriminación, que tanto daño le hace a la sociedad", resaltó Donzis.
Más tarde, se reunió con Borger para ratificar la lucha que se planteó el gobierno para lograr el esclarecimiento y el castigo por el atentado de la AMIA. Borger destacó que la Presidenta esté en Medio Oriente "llevando el mensaje de la causa AMIA para, desde esos países, presionar a Irán para que se presente ante la Justicia argentina y respondan las presiones de Naciones Unidas".
Cuando el titular de la AMIA planteó su preocupación sobre la situación de los familiares de las víctimas fatales y los heridos del atentado, el ministro anticipó que el diputado Fellner iba a recibir a las autoridades comunitarias en la primera semana de febrero para evaluar cómo podía agilizarse la aprobación del proyecto de ley de indemnizaciones que ya fue presentado.
Se trata de una propuesta impulsada por el Gobierno nacional, en concordancia con una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que ya tiene la aprobación del Senado.
En mayo pasado, la Cámara Alta sancionó la iniciativa oficial que contempla el pago de 800 mil pesos por persona fallecida en el atentado, el 70 por ciento de esa cifra para quienes fueron afectados por heridas gravísimas y el 60 por ciento para quienes recibieron heridas graves.
La norma establece que quienes deseen acceder a la indemnización deberán renunciar a cualquier reclamo posterior al Estado y "renunciar a entablar futuras acciones judiciales", aunque pueden continuar con acciones penales contra los autores. Las reuniones con los funcionarios del ministerio fueron concurridas: con la DAIA, además del titular, estuvieron los vicepresidentes primero y segundo, Angel Schindel y Sergio Witis, y el secretario general de la entidad, Fabián Galante, mientras que en la AMIA a Borger lo acompañaron el vicepresidente primero, Angel Barman; el prosecretario primero, Ralph Tomas Saieg, y el Gran Rabino Shlomo Benhamú.
Fuente: DyN