La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n.° 12, Alejandra Petrella, intimó al Gobierno porteño a que en el término de cinco días, proceda a informar y acreditar la fecha de inicio y finalización de las obras que encaró para crear las Unidades Transitorias de Aislamiento (UTA) y Unidades Febriles de Urgencia (UFU) en los diferentes hospitales de salud mental de la ciudad de Buenos Aires.
Uno de ellos es el Hospital Torcuato de Alvear, en el que además deberá informar la cantidad de camas y personal necesario que deba desempeñarse en dichas unidades. También qué tipo de protocolos sanitarios específicos implementó el Ejecutivo porteño en caso de detectarse casos positivos de COVID-19 en los demás hospitales monovalentes, José T. Borda; Braulio Moyano, y Tobar García.
En cuanto a los testeos, y de acuerdo al portal de noticias iJudicial, la magistrada recordó en la nueva intimación que “el Señor Jefe de Gobierno en el anuncio oficial del retorno a la Fase 1 en cadena nacional del día 26/6/20, refirió que tanto la detección temprana cuanto el aislamiento habían resultado exitosos. Recalcando que a través de ellos en el Barrio 31 se había llegado a la detección cero”. Al respecto, la magistrada señaló que “el reconocimiento del propio jefe de estado de la necesidad de la realización de los testeos masivos, me exime de mayores comentarios remitiéndome a lo resuelto en la medida cautelar del 22 de mayo de 2020 y consecuentemente atento lo denunciado en autos, el Gobierno deberá realizar los testeos masivos en los cuatro hospitales monovalentes a fin de evitar que continúe propagándose el virus”.
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El 14 de mayo Petrella había resuelto cautelarmente que “el Gobierno porteño arbitrara los medios necesarios a fin de dotar a todas las personas internadas en los hospitales psiquiátricos Borda, Moyano, Alvear y Tobar García de equipos de protección personal que correspondan, barbijos y cubre bocas, así como todo insumo necesario de cuidado y prevención del contagio del COVID-19; proveyera a los citados hospitales de elementos de higiene y seguridad; elaborara un protocolo de actuación específico frente a la existencia del COVID-19 en estos hospitales psiquiátricos, debiendo considerar la situación particular que atraviesan las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran internadas, e informar y acreditar el modo en que implementarían las UFU y las UTA, entre otros puntos.
Si bien la Ciudad respondió por medio de documentación administrativa de la que según señaló “se desprende la entrega de los EPP al personal de los hospitales, el cumplimiento de los protocolos de limpieza, los cuidados para que los pacientes internados o ambulatorios para evitar el contagio y propagación del COVID-19”, y se detallaba, además, la atención de los pacientes de los hospitales neuropsiquiátricos positivos de coronavirus, para la jueza Petrella no fue suficiente. En este sentido, y en el nuevo pedido, la magistrada porteña subrayó que “al momento de responder la presente requisitoria deberá abstenerse de acompañar meros informes producidos por la Administración sino que se la exhorta a presentar un escrito claro, preciso, concreto y detallado de cuya lectura se desprenda la información peticionada”.
