Investigan cohecho en la habilitación de Cromañón

La Cámara del Crimen reabrió una investigación sobre presunto "cohecho" pagado a funcionarios del Gobierno porteño en 1997 para habilitar, pese a múltiples irregularidades, la discoteca Cromañón, que por entonces era una bailanta y se llamaba "El Reventón".

La Sala Quinta de la Cámara revocó el sobreseimiento por prescripción a favor de los funcionarios de la Dirección General de Registros y Certificaciones Margarita Tambussi de Ramar, Jorge Gatucci, Enrique López y Roberto Calderini.

La jueza María Angélica Crotto había declarado prescripta la investigación sobre ellos porque consideró que el delito que se les podía imputar era el de "de incumplimiento de los deberes de funcionario público", pero la Cámara revocó esa decisión y advirtió que podría tratarse de "cohecho", una figura penal mucho más grave.

"La sala considera que existen elementos suficientes como para considerar la actuación de quienes intervinieron en forma directa en los trámites y decisión final de la habilitación del local sito en Bartolomé Mitre 3060, bajo la descripción típica del delito de cohecho, tanto en su faz activa como en la pasiva", sostiene el fallo.

Los camaristas María Laura Garrigós de Rébori, Gustavo Bruzzone y Rodolfo Pociello Argerich detectaron "una serie de irregularidades que llevan a afirmar, sin hesitación, que la habilitación sólo podría haberse otorgado mediante acuerdo espurio".

La novedad judicial es de significativa importancia por cuanto esa habilitación original se fue renovando en el tiempo sobre la base de planos que no coincidían con la realidad hasta llegar al 30 de diciembre de 2004, cuando ocurrió la tragedia. La resolución de la Cámara describe el trámite para aquella habilitación, cuyo primer intento se remonta al 13 de febrero de 1997 y pese a una clausura de todo el complejo en el que funcionaba una discoteca, un hotel, un estacionamiento y canchas de fútbol cinco, finalmente fue concedida la habilitación el 1º de agosto de ese año.

El entonces interventor de la Direccion General de Policia Municipal, Roberto Varela, había dispuesto la clausura del complejo.

Pero ante una nueva presentación de los locadores de la discoteca, la empresa "Lagarto SA", Varela remitió el expediente al jefe del Departamento de Espectáculos, Recreación y Educación, Roberto Calderini, para que "se expidiera sobre las observaciones de condición emitida en la habilitación, y en particular, sobre la puerta alternativa de emergencia".

La resolución judicial señala que "el expediente quedó sin remitir a su lugar de destino desde el 8 de agosto de 1997 hasta el 7 de octubre de 2002, por lo cual también quedó sin modificarse la clausura que recaía sobre el local y sin que ningún funcionario responsable respondiera o se hiciera responsable de si podía, o no, habilitarse el lugar en los términos en que se pretendía".

Mientras ese trámite estaba cajoneado, por otra vía era habilitado "El Reventón", el 1° de agosto de 1997, mediante la disposición 06060 DGRYC/97, firmada por Gatucci y López.

"El expediente termina con una constancia de inspección del 29 de marzo de 2003 en la que consta que todo está en regla. Esta fue la última inspección que se hizo sobre el lugar donde funcionaba "República Cromañón", sin que existan constancias intermedias... no se sabe qué pasó con el levantamiento de la clausura ni con el pedido de informes de Varela. Sí se sabe, en cambio, la forma en que, pese a los incumplimientos de la normativa vigente que se desprendían de los dos expedientes el local de baile fue habilitado", señala el fallo.

Los camaristas hicieron hincapié en el funcionario Calderini, quien en un expediente del 14 de abril de 1997 "señaló que el local no podía ser habilitado porque violaba las normas vigentes" y en otro del 28 de julio estimó que "podía accederse al otorgamiento de la habilitación ya que, entre otras razones, era un edificio en donde se desarrollaban otros usos comerciales pero todos con entradas independientes que no se comunicaban entre sí".

La resolución agrega que "los dos funcionarios otorgantes de la habilitación consignaron en el acto administrativo, que la superficie cubierta del local era de 1.447,50 metros cuadrados cuando, en realidad, la medición practicada durante el peritaje demostró que la superficie cubierta alcanzaba los 1.840 metros".

"Esa circunstancia debió haber impedido la habilitación, pues la normativa vigente a la época del otorgamiento, permitía –en la zona- que la actividad denunciada se desarrollara en lugares de hasta 1.500 metros", añade el texto.

La resolución señala, además, que la empresa IPEX/BAUSIS "y sus responsables, intervinieron efectivamente en la gestión de la habilitación".

Los directivos de IPEX/BAUSIS están siendo sometidos en estos momentos a juicio oral y público con pedidos de pena de hasta tres años de cárcel por el supuesto manejo irregular, en una suerte de "mercado cautivo", de las habilitaciones de locales nocturnos a través de la presunta connivencia con bomberos de la Policía Federal.

Fuente: DyN