La ola de denuncias por abuso sexual llegó al ámbito de la política con una acusación que involucró al senador radical por La Pampa Juan Carlos Marino y que conmocionó de manera particular al oficialismo. Hasta el cierre de esta edición, el legislador –que la semana pasada bajó su candidatura a gobernador– no brindó explicaciones sobre el caso, aunque ya se comenzó a delinear parte de su estrategia para enfrentar la acusación. La justicia federal decidirá, por su parte, si impulsa una investigación en su contra (ver aparte).
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, actuó como una especie de “vocero” y señaló que “(Marino) dice que eso no es verdad, se pondrá a derecho y declinará sus fueros”. Como esto no es posible, la alternativa que analiza el senador es pedir al pleno de la Cámara alta durante la próxima sesión que le retiren el beneficio, maniobra que necesitaría de los dos tercios de los votos para poder avanzar. No obstante, en el oficialismo aclaran que esa alternativa tendría una lectura más política que judicial, ya que los fueros no son impedimento para el avance de una investigación sino que solo otorgan protección en caso de un pedido de detención.
Desde la UCR hubo silencio tanto del presidente Alfredo Cornejo como de las autoridades. El único que se refirió al tema fue el vicepresidente del Comité Nacional, Federico Storani, quien indicó que se convocará al senador para que brinde explicaciones pero que, al mismo tiempo, pidió que no se “prejuzgue” a Marino y que se deje actuar a la Justicia.
De acuerdo con la denuncia, a la que tuvo acceso PERFIL, Claudia Guebel, una empleada de planta permanente de la Cámara de Diputados desde 2001 que dejó de trabajar con Marino “hace tres meses” lo acusó de acosarla por mensajes de WhatsApp, de enviarle “videos alusivos al sexo” y de “tocarle los pechos” durante una reunión a solas en su despacho a la que había concurrido para que el senador le firmara la constancia de asistencia a su puesto como asesora durante ese mes.
Guebel también apuntó allí contra una ex autoridad de la Comisión de Juicio Político de Diputados, identificado como Juan Carlos Amarilla, que según su testimonio la “acosó” e “intimidó” y contra el jefe de despacho de Marino, Pedro Fiorda, que la apretó y besó sin su consentimiento (ver aparte).
Tras conocerse la denuncia que se realizó el último miércoles en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, en el Congreso se encendieron las luces de alarma ante la posibilidad de que se sumen más acusaciones contra empleados de ambas Cámaras y otros legisladores.
Precisamente, la diputada Victoria Donda anticipó que “van a aparecer más casos de abuso y acoso en la política”, y recordó la denuncia “por abuso sexual” contra el actual diputado del justicialismo tucumano Jose Orellana, por la que “nadie hizo nada”. Según comentaron voceros de distintos espacios a este diario, el tema copó los grupos de WhatsApp de los legisladores, en especial de Cambiemos, donde hubo comentarios sobre el tema y se expresó la preocupación sobre el posible avance de las denuncias en el ámbito de la política.
