Le ganaron un juicio millonario al Estado pero viven en la extrema pobreza
Tras un proceso de 25 años, ocho hermanos de Santiago del Estero deberían cobrar más de $2 millones. <strong>Por qué se niegan a pagarle.</strong>
En 1989, Juan Aranda, un peón rural de Santiago del Estero, fue arrasado por un camión del Ejército. Falleció en el acto. En ese momento, Aranda tenía siete hijos y esperaba otro más. Ese bebé, que nunca llegó a conocer, vivió junto a su familia en un rancho sin luz ni agua durante los 25 años de proceso judicial. Hoy, los Aranda deberían ser indemnizados por más de 2 millones de pesos aunque, según denunció el abogado defensor, "el Estado hace todo tipo de maniobras para no pagarles".
En un cuarto de siglo se comprobó que el sargento Ferreyra, quien conducía ese día el camión por la ruta provincial nº18, estaba alcoholizado. El juicio, por daños y perjuicios, terminó en 2008, cuando la Justicia determinó que el Estado debe resarcir a la familia por una cifra millonaria: al monto original de 630 mil pesos se le suma un 6% anual de intereses que, en 25 años, da por encima de los 2 millones de pesos. Pero las múltiples apelaciones hacen que la posibilidad de cobrar la indemnización sea cada vez más lejana.
La repentina muerte del padre, y sostén de la familia, no fue el único drama que sufrieron los hermanos: cuando Jesús, el último hijo del matrimonio, tenía dos años, su mamá falleció y los Aranda quedaron totalmente huérfanos, con cuatro paredes de barro como único refugio en medio de un rancho llamado Canalito. Los años pasaron, resistieron los embates con changas y trabajo rural, pero su realidad no cambió demasiado: viven en el mismo rancho, en condiciones de hacinamiento, con un cuarto por hermano, donde crían a sus 20 hijos.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
La causa eterna. En diálogo con Perfil.com, José Gigena -abogado que representa a la familia en la causa- contó que la denuncia se radicó un mes después de sucedido el hecho y quedó dormida en la Justicia Federal, hasta que comenzó a investigarse lo sucedido. Años más tarde, cuando se desintegró la Caja de Seguridad y Ahorro nacional, la defensa pidió la nulidad de todas las actuaciones de la fiscalía que, para entonces, ya había ubicado al sargento y había comprobado que se encontraba alcoholizado aquella noche.
"En ese momento, para evitar una mayor dilación, con la familia en pésimas condiciones, pedí el sobreseimiento del cabo Ferreyra: ya no nos interesaba que vaya a la cárcel, sólo queríamos que mejore la situación de la familia", explicó el letrado. Al soldado lo echaron del ejército pero la causa siguió dilatándose hasta 2002 cuando comenzaron los alegatos.
En 2014, a seis años de la sentencia, siguen en una situación crítica. Según contó el abogado que representa a la familia, las mismas demoras que los representantes del Estado le impusieron, una y otra vez, a la causa, se repiten ahora cuando la Justicia ya falló a su favor. "Presentan apelaciones ridículas para no pagarles, mientras ellos siguen pasando hambre", dijo Gigena.
La defensa. Martin Adle, abogado apoderado del Estado en esta causa, le explicó a Perfil.com que "siempre que haya una instancia de apelación, nosotros vamos a usar nuestro derecho en tanto lo consideremos conveniente para el Estado, no tenemos nada en contra de la familia". El letrado justificó su última intervención: "La apelación que hicimos recientemente es porque consideramos que hay un error en la planilla de liquidación en la aplicación de los pasivos, es una diferencia de 300 mil pesos que el Estado tendría que pagar de más. Si apelamos, se quejan porque apelamos; si no apelamos, se quejan porque no cuidamos la plata del Estado".
El problema, para la familia, es que si la Cámara hace lugar al pedido de los abogados, "el pago se demoraría como mínimo dos años más porque la causa debería ser tratada en Tucumán, volver, aceptarse otra planilla de liquidación, ir a Diputados para que lo incorporen al presupuesto anual”, contó Gigena. “Ahora hablan de esta diferencia, nosotros confeccionamos la planilla igual que se confeccionaron muchas otras que fueron aprobadas, siempre, una y otra vez, apelan cualquier cosa. Lo que me da bronca es que en el medio hay una familia entera pasando hambre, cuando podrían estar viviendo con dignidad, como ellos se merecen", remató.
(*) De la redacción de Perfil.com. En Twitter: @PatoCaruso
