Distintos colectivos barriales de la ciudad de Buenos Aires presentaron proyectos legislativos y se organizaron alrededor de un reclamo particular: basta de la construcción de edificios que modifiquen la identidad, la vida y la salud de los vecinos. Puntualmente, afirman que el Código Urbanístico (CUr) sancionado en 2018 y modificado en 2021 pregonó ese crecimiento que está afectando su cotidianeidad. Desde la ciudad, el Secretario de Desarrollo Urbano plantea que el cambio de algunos barrios ocurre desde hace 20 años y no cuando comenzó a correr el nuevo reglamento. También dice que los problemas en los servicios que denuncian los vecinos deben ser llevados a las empresas correspondientes, como AYSA. El dilema está lejos de resolverse.
El último verano porteño será tristemente recordado por la cantidad de récords de alta temperatura que se registraron en marzo, algunos de ellos por encima de los 38 grados. La desesperación por escapar del calor llevó a colapsar gran parte de los sistemas eléctricos, los cuales originaron protestas contra la empresa Edesur por los ininterrumpidos cortes del servicio. Estas dos situaciones, ambas ocurridas hace meses, podrían agravarse según los vecinos porteños que denuncian el crecimiento exponencial de construcciones en lugares donde predominan las casas bajas.
Este medio se comunicó con personas de Villa del Parque, Palermo, Chacarita y Villa Ortúzar para conocer detalladamente por qué cuestionan el CUr que la legislatura aprobó hace cinco años. Del otro lado, el funcionario a cargo del área de desarrollo urbano porteño responde las inquietudes y le reclama a los vecinos que presenten datos para debatir.
Álvaro García Resta: “No estoy negando la discusión, pero del otro lado no hay argumentos”
El secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habló con este medio y rebatió los argumentos de los vecinos. “Hay un crecimiento de la actividad de la construcción, pero eso no es por el Código Urbanístico. Todos los años donde hay crisis y el peso pierde valor la gente se refugia en ladrillos. Nuestros abuelos lo hicieron. Cualquiera que tiene sobrante de pesos, que no son todos lamentablemente, refugia el valor del dinero en una obra. Culturalmente es así acá”, dice sobre el crecimiento de los edificios en los barrios.
Para el funcionario, el problema existe pero duda de la simultaneidad del reclamo. “Ninguna de las discusiones se apoya en datos”, remarca. García Resta. También alega que el cambio de identidad que reclaman los vecinos es una “percepción” y contra eso no se puede debatir. “Sí podemos discutir que esto no lo cambio el código urbanístico, que es del 2018, y la transformación de Palermo, Chacarita y todos estos barrios viene desde hace 20 años. Uno no puede decir que Palermo está cambiando desde el 2018”, dice.
Gigi es vecina de Villa Ortúzar y destaca que una de las características del barrio es el ambiente pueblerino, donde “salís a la vereda y charlas con la gente”. Sin embargo, anticipa que el pedido presentado por la comuna en la Legislatura podría naufragar todo el año. “Hasta después de las elecciones no van a tratar nuestro proyecto, esos son los rumores”, aclara.
Luego marca historias similares donde los protagonistas son dos espacios verdes del barrio. “Enfrente de nuestra querida plaza “25 de Agosto” habían tapiado una vieja fábrica que ocupaba tres terrenos. Van a hacer casi 10 pisos en la plaza, en el corazón del barrio que es la plaza”, explica. El otro caso es el de Plaza Malaver. “El edificio se iba a construir adentro”, dice Gigi. Esa noticia se conoció en 2021 cuando se intentaba levantar una torre de siete pisos y 24 metros de altura que finalmente no se llevó adelante. Los vecinos aseguran que el gobierno porteño prometió incluir el terreno a la plaza, pero aún no se cumplió la promesa.
Por otro lado, Gigi dice que hay problemas con la presión del agua, reclama que el servicio eléctrico es deficiente (el último verano en el barrio se sintieron los cortes ininterrumpidos) y además agrega: “Se llenó de ratas, con obras u demoliciones hay ratas. De la rejilla del baño te sale una y a mí me pasó”. Finalmente, dice que hay alrededor de 50 edificios en un barrio de 40 manzanas.
Para Álvaro García Resta el problema operativo de la luz y el agua tiene otra perspectiva: “La mala calidad de los servicios es culpa de los servicios. En ninguna ciudad del mundo deja de crecer por una cuestión de inversión en infraestructura. Si la gente no tiene presión de agua es culpa de AYSA”, responde.
Otro de los colectivos vecinales que está en contra de cómo se aplica el CUr es Palermo Resiste, quienes aseguran que en la Legislatura porteña ya existen proyectos de “defensa de barrios” presentados por Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Ortúzar, Chacarita y claro, Palermo. “En paralelo, en San Telmo, Las Cañitas y Palermo se logró que la Justicia declare ilegales permisos de construcción de edificios en contravención”, agregan, y cuentan como ganadas la aprobación de tres leyes en Bajo Belgrano, Lomas de Núñez y Barrio Parque General Belgrano.
Una integrante del espacio, Gabriela Urman, dijo en una entrevista radial el 1 de junio que llegaron a relevar 180 emprendimientos nuevos, 60 casas demolidas y 150 que ellos saben que están en venta. También denunció en pocos meses un “crecimiento exponencial” de edificios. “No estamos en contra de las transformaciones, sino planificación y participación de los vecinos”, le dijo a María O’Donnell en De acá en Más por Urbana Play. La mujer también habló de “servicios desbordados” y alegó que si a eso se le suman más vecinos la situación sería cada vez peor.
Martín Rodríguez Rivas comparte argumentos similares a los de Gigi, de Villa Ortúzar. El vecino palermitano cice que las construcciones modifican el ADN del barrio y además que se apunta a derrumbar casas que son patrimoniales. También dice que Palermo se está convirtiendo en un lugar donde la gente que llega "no lo hace para vivir". "El slogan de la comuna 14 es "Viví Palermo" pero debería decir "Viví en Palermo", ironiza. En diálogo con PERFIL, agregó que se reunieron con la legisladora radical Manuela Thourte.
Tensión en la ciudad de Buenos Aires por el aumento de construcción de torres
El 25 de abril, Palermo Resiste presentó el proyecto en la Legislatura. De acuerdo al colectivo, se presentó para frenar “la destrucción del patrimonio del barrio y reclamar que se regule la ocupación del espacio público” y también la “construcción indiscriminada, la demolición de casas patrimoniales, la desaparición de espacios verdes, la ocupación desmedida de la vía pública y la pérdida de la identidad cultural de Palermo que promueve el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires (CUr), sin ningún control ni planificación ambiental previa”.
Villa del Parque y Chacarita: denuncias de “cementización” y búsqueda de apoyos radicales
Hay otro punto que todos los vecinos se encargan de aclarar y es que más allá de que el reclamo parezca el mismo, todos los barrios presentan particularidades. Los que forman parte de Conciencia Urbana, donde se nuclean vecinos de Villa del Parque, también presentaron un proyecto legislativo y realizaron un relevamiento donde contaron 114 obras en construcción con casi 400 casas en venta.
Desde su punto de vista, el 2022 se dio el año de una alta cementización en el barrio. Entre los reclamos de los vecinos de Villa del Parque, Liliana remarca que comenzó a disminuir el espacio verde, el sol comenzó a taparse y además que la suma de mayor cantidad de construcciones aumenta el calor en la ciudad. Si se tiene en cuenta el último verano en la ciudad de Buenos Aires, eso resultaría en un exceso de calor. Otra clave que relata Liliana es que ahora los vecinos de diferentes barrios se encuentran en contacto, más allá de que cada problema es específico.
Si bien el proyecto fue firmado por la legisladora Claudia Neira, de Unión por la Patria, y su tratamiento sería una dura batalla por la mayoría con la que cuenta el oficialismo larretista, los vecinos trataron de buscar los avales de la Unión Cívica Radical: se reunieron con Manuela Thourte y Marcelo Gouman de la UCR-Evolución referenciada en Martín Lousteau. Todavía es una incógnita saber qué votarían los legisladores teniendo en cuenta que su jefe político se encuentra realizando actos proselitistas con el Jefe de Gobierno que impulsó el Código Urbanístico.
Vera es vecina de Chacarita y parte del grupo Amparo Ambiental. Recalca que el crecimiento de las construcciones es exponencial y detalla que se hizo con mucha velocidad. Luego habla de los problemas que observan en el barrio: “Vemos que en niveles de servicios y de circulación, requiere una infraestructura que no vemos y que tampoco deseamos. En cada manzana, hay de base una casa en buena estado en venta porque el barrio está cambiando la fisonomía”, enumera.
En su Instagram personal, Amparo Ambiental tiene un mapa donde relevaron 254 edificios que, dicen, están en construcción. “Por como van los tiempos, ya el panorama y el paisaje cambió”, dice Vera, consciente de que el proyecto seguramente no se trate en la Legislatura este año. Sin embargo, recalca que la unión vecinal puede marcar el paso del reclamo. “La percepción, lo que flota y aún con una sensación de que la batalla se puede perder, es que la gente está dispuesta a comprometerse y ver que se puede hacer”, dice.
En diálogo con PERFIL, Álvaro García Resta dijo que en estas exposiciones generales de los vecinos “nadie vino y planteo un problema que se comprenda cabalmente”. En pocas palabras, dice que no hay argumentos técnicos para sostener el reclamo de los vecinos y que detrás de la organización existen otros intereses. “Para mí por una cuestión político partidaria lo asocian al Código Urbanístico”, dijo. También tiene la sensación de que alguien le dice a los reclamantes lo que está sucediendo. “Es partidario porque no veo una cuestión técnica. No tengo agua por el Código. Si me quedo sin agua llamo a AYSA, no a la empresa”, dice el arquitecto. Y cierra, deslizando que hay patrones de comportamiento: “Todos diciendo lo mismo, al mismo tiempo y sobre el mismo tema”.
Desde la oposición peronista la mirada es otra. “Venimos pidiendo reuniones al Ejecutivo y a la Comisión de Planeamiento para poder tratar en una mesa de trabajo las modificaciones porque todos tenemos conciencia que el Código Urbanístico ha impactado fuertemente en los barrios y que realmente están colapsados. Por ahora hay alguna reunión aislada a los vecinos pero no algo institucional”, dice en diálogo con PERFIL la legisladora del Frente de Todos, Claudia Neira, al ser consultada sobre cuándo podrían tratarse los proyectos.
Además, explica que puso a disposición a su equipo de trabajo para que los vecinos pudieran presentar los textos legislativos por sí mismos y el tema no adquiriera tintes partidarios. “Entendemos que hay un problema de planificación urbana en la ciudad de Buenos Aires sobre dónde se construye y con qué sentido”, apuntó. También agrega que sólo en tres barrios se concentran el 65% de las construcciones.
“El mercado no tiene ningún tipo de incentivo ni desincentivo para construir en determinados lugares. El Código lo que viene a hacer es ser una herramienta de este rol facilitador del estado para que todo lo que es inversión inmobiliaria, que muchas veces terminan siendo vivienda ociosas, se multiplique sin limitación por parte del estado”, explica. Desde su perspectiva, el ejecutivo porteño referenciado en García Resta no quiere trabajar en una solución.
De todos los testimonios recogidos se verifica una verdad insoldable: el Código Urbanístico seguirá operativo. No sólo porque los proyectos no se tratan en la Legislatura en un año electoral caliente sino porque desde el gobierno porteño opinan que no desfavorece a los vecinos como ellos reclaman. Aún si alguno de los textos que se presentaron fuera tratado, debería encontrar apoyos del oficialismo que votó a favor del mismo proyecto en 2018. Los vecinos, avisan, seguirán reclamando.
GI/fl
