Tras la reunión de ayer en el Ministerio de Trabajo, los choferes de la línea 60 analizan las propuestas de la empresa, que incluyen la reincoporación parcial de los 53 despedidos y el pago del 80% de los sueldos atrasados que reclaman los delegados gremiales. Si las aceptan, levantarán la medida. PERFIL estuvo esta semana con los 22 choferes que ocupan, desde el 13 de julio, la terminal que la empresa tiene en la calle Guanahani, en Constitución. Ese día, la jueza María Servini de Cubría ordenó cerrar las cabeceras hasta tanto no se realizara la verificación técnica de los colectivos. En ese momento, quienes estaban adentro en asamblea permanente quedaron “atrincherados”: una vez que la policía valló la zona, quienes salían no podían volver a entrar. “Somos trabajadores de una línea de colectivos, no delincuentes. Pero nos hicieron sentir como presos. Fue algo que nunca viví”, aseguró Carlos Giménez. Los primeros días fueron los más difíciles de sobrellevar. “Varios se descompensaron y la policía no dejó entrar las ambulancias. Nuestras familias no podían acercarse a las vallas”. Tras varios días de negociación, el Juzgado permitió hacer relevos entre los choferes y, desde entonces, Giménez también formó parte del piquete que cortaba la calle Ituzaingó, a 200 metros de la terminal, montado para “hacer el aguante” a los choferes que permanecían dentro de la terminal. Su compañero Alberto Figueroa agregó: “Los policías nos hacían la psicológica, nos cortaban el agua, y si pisabas la calle, te sacaban del lugar. Pero no les dio resultado”.
